El regidor Eridson de los Santos Solís (Ney) se declaró ayer inocente de los cargos que ha presentado la Fiscalía en su contra. Son varios cargos. Su caso ha permitido conocer detalles de su vida en el sector sindical, poco conocida hasta ahora, como sus actividades vinculadas a los combustibles subsidiados.
Dos tipos de “facilidades” que le otorgaba el Estado dominicano contribuyeron al enriquecimiento ilícito del regidor Eridson de los Santos Solís ( Ney), según la acusación que le ha formulado la Fiscalía del Distrito Nacional, basada en documentos encontrados durante el allanamiento a su residencia y a testimonios de los choferes sobrevivientes a los ataques en los que murieron, al menos, seis de sus compañeros.
El millonario subsidio que entrega el gobierno a los sindicatos de choferes ha generado una mafia, que por el reparto del beneficio provoca violentos enfrentamientos, como ocurrió en el mes de enero pasado, por lo que se acusa al regidor de dirigir una banda de sicarios que se encarga de “sacar del camino a sindicatos contrarios”.
Precisamente, De los Santos, quien emigró desde San Juan de la Maguana a la capital para abrirse paso en la ciudad, se involucró en el mundo del transporte y terminó siendo “un comerciante”.
Es el dueño de una compañía que se dedica a la venta de combustibles a domicilio, cuya sede está en el kilómetro 20 de la autopista Duarte.
La Fiscalía cree que parte de ese combustible subsidiado va a parar a ese negocio, ya que el acusado es, además, presidente de la Asociación de Transportistas de Combustibles de la República Dominicana (La Sotracor).
Según reveló el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, los sindicatos del transporte reciben cada año cuatro millones 125 mil galones de combustibles en subsidios.
El pasado año, el senador por San Cristóbal, Tommy Galán, entonces presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara alta, alertó sobre la forma en que empresas, sindicatos de transportistas y otros sectores estarían usando los combustibles subsidiados por el Estado, debido a que entiende se está violando la Ley 253-12.
Denunció que por falta de controles se está generando un trasiego que cada vez es mayor de esos hidrocarburos, porque se desarrolla un “mercado negro”.
Explicó que la comisión estaba a la espera de los informes “pormenorizados” que solicitó a los ministerios de Hacienda y de Industria y Comercio sobre las acciones para aplicar el artículo 19 de la Ley 253-12, para el Fortalecimiento Fiscal y el Desarrollo Sostenible.
Además, pidió una relación de empresas que reciben exenciones, montos de los subsidios y los volúmenes de combustibles asignados a los sindicatos y transportistas y otorgó un plazo de siete días para que esas instituciones remitieran los documentos requeridos.
