Santiago. – Recientemente, diversos grupos se han unido en una parada cívica en Pedro García, oponiéndose a la exploración y explotación minera en la cordillera Septentrional. Los manifestantes, que incluyen líderes religiosos, campesinos y ambientalistas, expresaron su rechazo a cualquier intervención que amenace los recursos naturales de esta región.
Bajo el lema «La cordillera no se vende, se defiende», los participantes se congregaron en la entrada del distrito municipal de Pedro García, que forma parte del municipio de Santiago de los Caballeros. Durante la manifestación, el sacerdote Rainer Vásquez enfatizó: “Esto es un ecocidio… Muy bonito llegar más rápido a Puerto Plata, pero ¿a qué precio? La carretera del Ámbar es la excusa perfecta para explotarla. Ellos ni siquiera han publicado los estudios de impacto ambiental, geofísicos y geológicos, pero sí anuncian que quieren empezar”.
Iniciativas legislativas para proteger la cordillera
Con el objetivo de salvaguardar una de las principales reservas de agua y biodiversidad del país, la diputada del partido Fuerza del Pueblo, Llaniris Espinal, ha presentado un proyecto de ley a través de la Secretaría Legislativa. Esta propuesta busca declarar la cordillera Septentrional como un territorio libre de minería metálica y proteger sus cuencas hidrográficas.
Detalles del proyecto de ley
La iniciativa legislativa establece la prohibición definitiva de las actividades de:
Prospección
Exploración
Explotación
Extracción
Procesamiento de minerales metálicos
Estas actividades estarían prohibidas en toda la cordillera Septentrional, que se extiende desde Montecristi hasta la bahía de Samaná.
Declaración de Patrimonio Natural
Además, la legisladora propone que esta zona sea declarada Patrimonio Natural de la República Dominicana y que se prohíba el uso de sustancias químicas asociadas a las actividades mineras.
Consecuencias del incumplimiento
El proyecto también contempla sanciones severas para quienes incumplan estas prohibiciones. Se considera que el incumplimiento será un delito ambiental grave, con penas de prisión que oscilan entre seis y veinte años. Las multas podrían variar entre 10,000 y 50,000 salarios mínimos, además de la obligación de restaurar el ecosistema afectado.
