El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio por terminadas las conversaciones con varios grupos armados ilegales iniciadas por su antecesor, Gustavo Petro, y revocó los nombramientos de representantes del Gobierno y reconocimientos de delegados de la contraparte en los diálogos de la llamada ‘paz total’.
La decisión está contenida en varias resoluciones expedidas el viernes por la noche y conocidas este sábado, que afectan los diálogos con grupos con los que Petro inició «espacios de conversación sociojurídica» que no prosperaron.
Tras señalar «que es potestad constitucional del presidente de la República decidir cómo, cuándo y con quiénes puede llevar a cabo acercamientos y conversaciones de paz», el Gobierno de De la Espriella emitió las resoluciones para «terminar la Mesa de Diálogos de Paz» con diversos grupos «por ausencia de voluntad de paz».
GRUPOS INVOLUCRADOS EN LOS DIÁLOGOS
Entre ellos se encuentran el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Boliviariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
El EMBF hizo parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antigua guerrilla de las FARC, pero en 2024 se separó de ese grupo por su negativa a continuar los diálogos de paz con el Gobierno de Petro.
La CNEB, por su parte, surgió de una escisión de otra disidencia llamada Segunda Marquetalia, por divisiones internas, y está compuesta por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (CGP) y los Comandos de Frontera (CDF).
«No obstante haberse instalado la Mesa de Diálogos de Paz, se han presentado diversos acontecimientos que han debilitado los diálogos del Gobierno nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y no ha sido posible seguir evidenciando la voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil del grupo armado al margen de la ley», indica una de las resoluciones.
AUTORIZACIONES REVOCADAS
Tras tomar estas decisiones, la Presidencia también revocó las credenciales de los negociadores del Gobierno con los distintos grupos armados ilegales, así como el reconocimiento que le había otorgado a los delegados de esas organizaciones al margen de la ley para sentarse a hablar de paz.
