SANTO DOMINGO.— El Poder Ejecutivo depositó en el Senado un proyecto de ley que permitiría al Estado otorgar contratos de entre cinco y 40 años a empresas privadas para construir, administrar y operar obras y bienes públicos.
La iniciativa establece que la duración de cada concesión dependerá de la inversión, el tiempo estimado para recuperarla y el interés general. También dispone que las empresas asuman los riesgos de los proyectos sin garantías estatales de rentabilidad.
El texto regula la selección de contratistas, la supervisión de las obras y las tarifas por los servicios. Cualquier ajuste de precios requerirá justificación técnica y financiera, además de la aprobación del Consejo Nacional de Concesiones.
La propuesta permitiría a personas y empresas nacionales o extranjeras presentar proyectos de interés público que no requieran aportes económicos del Gobierno. Las autoridades tendrían hasta seis meses para evaluar cada iniciativa.
Aunque los contratos podrían extenderse por cuatro décadas, el proyecto prohíbe las renovaciones automáticas. Las prórrogas deberán responder a causas justificadas y no podrán superar, en conjunto, el 50 % del plazo original.
La iniciativa también contempla multas de cinco a 500 salarios mínimos del sector público por infracciones. En casos de fraude o beneficios económicos indebidos, las sanciones podrían alcanzar el doble del beneficio obtenido o del daño causado.
Entre las faltas más graves figuran los sobornos, los acuerdos ilegales entre participantes y el uso indebido de información privilegiada.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó que la propuesta será remitida a una comisión para su estudio en la próxima sesión legislativa.
