La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido al Tribunal Supremo reanudar las deportaciones de migrantes en base a la polémica Ley de Enemigos Extranjeros, que se remonta al siglo XVIII y permite a la Casa Blanca expulsar a migrantes acusados de pertenecer a bandas criminales y que son luego encarcelados en El Salvador.
Así, ha solicitado aplicar esta legislación para lograr la expulsión de unos 200 migrantes venezolanos que siguen detenidos en el estado de Texas después de que el Supremo suspendiera temporalmente el uso de esta normativa para deportarlos.
Las autoridades han indicado que los 176 migrantes detenidos están presuntamente vinculados con la banda criminal venezolana Tren de Aragua, a la que Estados Unidos considera organización terrorista, y ha asegurado que existen “pruebas” que sustentan que su “detención prolongada” constituye un peligro para el país norteamericano.
En este sentido, ha recordado que 23 de estos migrantes detenidos han protagonizado recientemente actos “peligrosos” y se han “atrincherado en un centro de detención, donde han amenazado con hacerse con rehenes y hacer daño a algunos agentes”, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CNN.
Dicho incidente, que tuvo lugar en el centro de detención de Bluebonnet, en Anson, ha tenido lugar después de que un vídeo grabado con drones mostrara a los migrantes realizando una señal de socorro en uno de los patios del inmueble. Los detenidos implicados en el supuesto incidente han sido trasladados a otra zona, donde existe una mayor vigilancia.
“Trasladar a estos presos a otras instalaciones crea nuevos riesgos ante la posibilidad de que el Tren de Aragua se expanda a centros penitenciarios y sus actividades se reproduzcan en Estados Unidos“, han alertado las autoridades estadounidenses.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, ha utilizado la citada ley para expulsar “en caliente” a los migrantes que identificaban como miembros de esta organización criminal, independientemente de su estatus migratorio y sin cumplir el protocolo necesario. Además, los abogados de los afectados han rechazado en ocasiones vínculo alguno entre sus clientes y el Tren de Aragua u otras mafias declaradas como grupos terroristas como el MS-13, la Mara Salvatrucha.
La ley solo se ha invocado en tres ocasiones anteriores en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para recluir a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento.
