El Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini al ser entrevistado por los periodistas Ramón Puello Báez y Geraldino González en el programa Revista Tele-15, apoyo la acciones del Procurador General de la República, Domínguez Brito en contra de la corrupción administrativa, puesta de manifiesto en el sometimiento a la acción de la justicia de varios funcionarios y ex funcionarios de Bienes Nacionales por el manejo irregular de unos 157 millones de pesos, de conformidad con una auditoria de la Cámara de Cuentas.
Potentini, instó al Procurador, a investigar e instrumentar otros expedientes amparados en querellas, denuncias, rumor público, escándalos presentados y documentados por programas y revistas especializadas de investigación periodística, entre otros que descansan engavetados en la Dirección de Persecución contra la Administrativa (DPCA), que dirige Hotoniel Bonilla.
Justicia y Transparencia citó entre los casos que deben ser investigados por el Ministerio Público, las construcciones de la Biblioteca, la carretera el Seibo Vicentillo, el Merca Santo Domingo, la concepción del Viadom contratado en la administración de Díaz Rúa, las adendas millonarias realizadas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) en violación a la ley 340-06 sobre compra y contrataciones con el Estado, el caso del Fondo Patrimonial de las Empresas Capitalizadas (Fonper) y las Eges, Haina e Itabo que involucra más de diez mil millones de pesos, las graves irregularidades detectadas por auditorías de la Cámara de Cuentas en el Consejo Nacional de Zonas Francas, entre otros.
Asimismo la entidad de sociedad civil le pide al Presidente Medina el intervenir y rescindir los contratos leoninos suscritos por la CDEEE en la administración de Celso Marranzini, los suscritos y ejecutados por la Oficina Supervisoras de Obras del Estado, bajo la dirección de Luis Sifre, y los de obras públicas con apenas unas cinco empresas fundamentalmente de capital brasileño y colombiano que manejaron más del 80% de todas las obras públicas del país.