La Fiscalía española avisó hoy al expresidente del Gobierno regional de Cataluña Carlos Puigdemont de que la condición de inmunidad que le otorga su cargo como diputado electo del parlamento catalán no significa que no se pueda ordenar su ingreso en prisión por orden judicial.
“La garantía de la inmunidad no significa que no se pueda ordenar el ingreso en prisión por orden judicial, se refiere exclusivamente a la detención policial”, explica el Ministerio Público en un comunicado, en el que detalla que la protección de los parlamentarios “no comporta inmunidad jurisdiccional alguna, fuera del aforamiento ante el tribunal competente”.
La Fiscalía lanzó esta advertencia al expresidente catalán después de que Junts per Catalunya (JxC), la plataforma electoral que encabeza, haya anunciado que están estudiando las implicaciones que podría tener la condición de inmunidad de la que gozan los diputados sobre Puigdemont, huido a Bélgica hace casi tres mes, junto a cuatro de sus consejeros, para eludir presentarse ante la Justicia española.
Sobre todos ellos pesa una orden de detención por los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, que se ejecutaría nada más pisar el territorio español.
“Nuestra legislación no ampara el uso fraudulento del ordenamiento jurídico. Es inadmisible una interpretación del privilegio de la inmunidad parlamentaria que derive en impunidad”, asegura la Fiscalía, que considera además que Puigdemont “persiste en su plan delictivo”, tras darse a la fuga y mantener las actuaciones que culminaron con la declaración unilateral de independencia el pasado 27 de octubre.
Además, el Ministerio Público sostienen que el Tribunal Supremo ya acordó imputar y enviar a prisión preventiva a otras personas que “ostentaban la condición de imputados”, como su número dos en el anterior Gobierno regional, Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn y el líder secesionista Jordi Sánchez.
Todos ellos están en la cárcel a la espera de juicio, al tener en cuenta “la extrema gravedad” de los mismos hechos de los que se acusa a Puigdemont.
Puigdemont es el candidato de consenso de los independentistas para presidir de nuevo el Gobierno regional de Cataluña, aunque ERC, sus antiguos socios de Gobierno, mantiene la incertidumbre de si llegará hasta el final en su apoyo a un candidato cuya elección podría ser ilegal.
Entre las opciones para ser investido presidente, sus partidarios habían planteado la posibilidad de hacerlo a distancia, de manera “telemática”, a pesar del informe contrario de los letrados del Parlamento catalán, que consideran que el candidato debe estar presente en el debate.
