El caso de supuesta corrupción que involucra a la jueza Awilda Reyes Beltré, cobró ayer un matiz de mayor intensidad, con el allanamiento hecho por el ministerio público a su residencia, ubicada en los Jardines del Sur.
Según el abogado Valentín Medrano, de la defensa de Awilda Reyes Beltré, los fiscales fueron rigurosos y respetaron la intimidad de la magistrada, incautándose de dos laptops y algunos documentos, de los cuales, insistió no había nada que la comprometiera.
El allanamiento terminó pasadas las siete y media de la noche.
Medrano dijo que es probable que la imputada hable hoy miércoles sobre el caso por el cual es cuestionada.
“Esto no es un proceso, esto es una bruma que ha creado la Procuraduría General de la República, pero ella no ha recibido propiamente como juez, ni del Poder Judicial, la defensa necesaria por parte del mismo cuerpo al que ella pertenece”, dijo el abogado.
Antes, el fiscal adjunto Domingo Cabrera había dicho a los periodistas que sobre el caso quien hablará más adelante será el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.
A las tres y treinta y cinco de la tarde un grupo de fiscales, acompañados de varios vehículos policiales arribaron a la calle sexta de Los Jardines del Sur y penetraron al edificio “Residencial Ana Rosa I”, en uno de cuyos apartamentos vive la joven magistrada que hoy atraviesa por un vendaval que la involucra en una presunta red mafiosa que manipulaba procesos y gestionaba la libertad de imputados.
Ella no estaba en su hogar a esa hora. La llamaron para informarle del allanamiento. Según el abogado Valentín Medrano, quien llegó acompañando a la jueza a su apartamento, informó que el ministerio público había pedido además del allanamiento, que se emitiera una orden de arresto, a lo que el juez presidente de la Segunda Sala de la Corte de Apelación, Ramón Horacio González Pérez, quien funge como juez de instrucción especial, se negó.
