La falta de traslado a tiempo de los reclusos que tienen abiertos procesos penales en los tribunales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se ha convertido en un problema que genera retraso y suspensión de las audiencias, afectándolas en alrededor de un 50% y provocando preocupación a los juzgadores y fiscales porque les retrasa el trabajo.
Esa tardanza, que solo ocurría con los presos de la cárcel La Victoria, ahora también se da con los encartados que guardan prisión en los recintos penitenciarios de Najayo y en ocasiones en San Pedro de Macorís.
Es una responsabilidad de las autoridades penitenciarias y de los alcaides de las cárceles, el traslado de los reclusos a las correspondientes audiencias.
Por dicha negligencia, los tribunales colegiados del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva han puesto más de 100 multas al alcaide de la cárcel de La Victoria, Gilberto Nolasco.
En aras de agilizar los procesos, el presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Teófilo Andújar Sánchez tiene que trasladarse constantemente a La Victoria para que envíen a tiempo a los presidiarios que tienen que ir a las audiencias.
“Sí no traen los reclusos a tiempo, la audiencia inicia tarde y si no lo traen hay que fijarle nueva fecha y citar a todo el mundo e incluso por eso las víctimas y los testigos dejan de venir, porque después que vienen cuatro veces y no lo traen, creen que esto no funciona”, reconoció el magistrado Andújar Sánchez.
En audiencias pautadas para las 9:00 de la mañana, los imputados los llevados al tribunal a las 12:00 del mediodía y a otros ni siquiera logran trasladarlos.
Son muchas de las excusas esgrimidas de parte de las autoridades penitenciaria por la falta de traslado de los presos; la más recurrida es la falta de transporte, alegando que se dañó la guagua de la Procuraduría que los transporta.
Sin embargo, muchos reclusos de la cárcel de La Victoria se quejan de que para que los trasladen a las audiencias tienen que pagar a un oficial de la Policía, cuyo nombre no revelaron.
La falta de traslado de los imputados no solo afecta a los jueces y fiscales, sino a los abogados y familiares de las víctimas.
