SANTO DOMINGO. La falta de regularización y vigilancia de alto control o alto riesgo en la República Dominicana es una de las razones por las cuales probar el delito de lavado de activos sea difícil en el país.
Así lo consideraron juristas consultados sobre lo complejo que es para la Procuraduría General de la República el demostrar ante los tribunales que las personas a las que investigan por la presunta comisión de ilícito penal, realmente lo cometieron.
Félix Damián Olivares Grullón, uno de los relatores del primer proyecto de ley contra el lavado de activos, explicó que se podría decir que la dificultad en comprobar ese delito, “radica en la inexistencia, de una sistematización del patrimonio de todas las personas, en un país donde hemos estado acostumbrados a la subestimación del patrimonio y a las declaraciones fiscales”.
En tanto, Carlos Balcácer destacó que lo complejo está en los movimientos bancarios, a pesar de que las entidades de intermediación financiera son sujetos obligados por la derogada ley 72-02 y la 155-17 sobre Lavado, esto realmente no le garantiza al Estado dominicano la legalidad de los orígenes de las fortunas que pasan a través de sus cuentas de ahorros, certificados financieros o cuentas ni tarjetas de créditos.
