SANTO DOMINGO.– Juristas y representantes del ámbito legislativo destacaron los avances que incorpora el nuevo Código Penal dominicano para combatir la corrupción, al tiempo que advirtieron sobre la necesidad de garantizar una aplicación equilibrada de sus disposiciones, fortalecer las investigaciones y preservar las garantías fundamentales.
Las consideraciones fueron expuestas durante el panel “Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal”, celebrado el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo, como parte del I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO). El debate fue moderado por Rosalía Sosa Pérez.
En el panel participaron Ricardo Rojas León, Miguel Valerio Jiminian, el senador Rafael Barón Duluc y Emery Colomby Rodríguez, quienes analizaron las nuevas herramientas de persecución penal y los desafíos jurídicos e institucionales que plantea su implementación.
Más herramientas para proteger los recursos públicos
Ricardo Rojas León valoró la ampliación del catálogo de delitos como un avance para proteger el patrimonio estatal y enfrentar distintas modalidades de defraudación de los recursos públicos. También señaló la importancia de establecer responsabilidades tanto para funcionarios como para particulares involucrados en hechos de corrupción.
Por su parte, Miguel Valerio Jiminian destacó la regulación de los delitos vinculados al incumplimiento de deberes especiales de los funcionarios y planteó la necesidad de precisar su alcance jurídico, especialmente cuando las obligaciones están establecidas en otras normas.
Valerio propuso crear una comisión congresual especializada en seguridad ciudadana y política criminal para dar seguimiento a la legislación penal y promover las actualizaciones que resulten necesarias.
Independencia y garantías judiciales
El senador Rafael Barón Duluc sostuvo que uno de los principales desafíos será asegurar que las nuevas disposiciones se apliquen con independencia y sin motivaciones políticas. Asimismo, planteó impulsar mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas desde el Congreso, con participación de organizaciones de la sociedad civil.
En tanto, Emery Colomby Rodríguez defendió la necesidad de fortalecer la persecución de la corrupción sin debilitar los derechos de las personas investigadas.
“No se puede perseguir la corrupción a cualquier precio”, afirmó, al reclamar investigaciones técnicamente sólidas, mayor transparencia en la selección de casos y respeto a la presunción de inocencia.
También advirtió sobre los riesgos de las filtraciones y los juicios paralelos, y abogó por mejorar la investigación financiera, la corroboración de pruebas y la comunicación institucional.
Los panelistas coincidieron en que la efectividad del nuevo Código Penal dependerá no solo de las herramientas legales disponibles, sino también de la capacidad investigativa, la independencia institucional y el respeto al debido proceso.
