Santo Domingo.-EFE-La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinoso, afirmó que es “evidente” que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se inhabilitó jurídicamente para conocer la apelación de la sentencia que favoreció al senador Félix Bautista y seis personas más, acusadas de corrupción por el ministerio público.
Reinoso se preguntó hoy en su cuenta de Twitter: “Quién conocerá la apelación del caso Félix Bautista si la SCJ la justificó?. Es evidente que se inhabilitó jurídicamente”.
La fiscal se refirió a unas declaraciones ayer de la SJC a través de su cuenta de Twitter en la que justificó la sentencia.
“La decisión que favoreció a Félix Bautista es la decisión de un juez, pero la nota que la defiende es la voz de la SCJ”, señaló Reinoso
Asimismo, opinó que “peor” que la decisión que favoreció al senador del PLD “es la nota que subió” a Twitter la SCJ que, según la fiscal, “obvió que hay un plazo de apelación”.
Poco después de que se diera a conocer la sentencia del juez de la SCJ Alejandro Moscoso Segarra, quien favoreció con un auto de ‘no ha lugar’ a Bautista y a otro seis imputados, el órgano judicial señaló, entre otras consideraciones, que el principio de doble persecución implica que ninguna persona pueda ser perseguida más de una vez por comisión de un mismo hecho.
Esto, recordó, porque la acusación contra Bautista fue archivado en 2012.
La SCJ aclaró hoy, sin embargo, que los tuits se ayer “solo resaltan aspectos generales” de la sentencia, al tiempo que apuntó que “no adopta postura con esta decisión, pues afectaría el conocimiento de un futuro recurso” de apelación.
En una sentencia de 620 páginas, de las que fueron leídas 320 correspondientes a la exposición de motivos y el fallo, el juez indicó que no se ha podido demostrar la comisión de desfalco ni malversación de fondos públicos en contra del senador y otros seis acusados.
En ese sentido, declaró nula la acusación y ordenó el levantamiento de cualquier tipo de medida en perjuicio de los siete acusados.
Asimismo el magistrado falló en contra de dictar prisión preventiva y ordenó el levantamiento al bloqueo de los bienes de los imputados.
