SANTO DOMINGO. – Al cumplirse dos meses de la promulgación de la Ley 16-26 sin que se haya anunciado la integración de la comisión responsable de su ejecución, el Comité Institucional Codiano (CIC) informó que intimó formalmente al Ministerio de Hacienda y Economía y presentó el caso ante el Defensor del Pueblo y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
El vocero del CIC, ingeniero Miguel Liberato, explicó que el pasado 1 de junio la entidad solicitó al Ministerio de Hacienda y Economía información sobre la conformación de la comisión contemplada en la ley, encargada de validar, depurar, reconocer y viabilizar el pago de las acreencias históricas de contratistas de obras públicas.
Indicó que, al no recibir respuesta dentro del plazo establecido, el comité depositó una intimación formal para exigir el cumplimiento del deber legal de responder, conforme a los principios de la administración pública y al derecho ciudadano de obtener respuestas de las instituciones del Estado.
Asimismo, el CIC solicitó la intervención del Defensor del Pueblo para que, dentro de sus atribuciones, garantice la tutela de los derechos de los ciudadanos frente a la inactividad administrativa que, según afirma, retrasa la aplicación de una legislación vigente.
La organización también puso el caso en conocimiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el propósito de que determine si la falta de respuesta se ajusta a los principios de transparencia, buena administración, eficacia y respeto al ciudadano que deben regir la actuación de los organismos públicos.
Liberato aseguró que todas las gestiones realizadas por el comité se han desarrollado por las vías institucionales y dentro del marco del Estado de derecho.
«En una democracia, la defensa de los derechos ciudadanos debe ejercerse mediante los mecanismos que establecen la Constitución y las leyes. Ese ha sido nuestro proceder desde la promulgación de la Ley 16-26», expresó.
El CIC reiteró que su propósito no es confrontar a las autoridades, sino obtener información sobre la fecha en que será integrada oficialmente la comisión ejecutora y el cronograma de trabajo para poner en marcha la ley.
La entidad recordó que la legislación busca atender las acreencias pendientes de decenas de contratistas de obras públicas, muchas de ellas acumuladas durante décadas. Señaló que entre los afectados figuran personas de edad avanzada y familiares de profesionales fallecidos sin haber recibido el reconocimiento de los derechos derivados de trabajos ejecutados para el Estado.
«Cada día de retraso tiene consecuencias humanas. Hay contratistas que esperan cobrar en vida y familias que llevan años aguardando una respuesta. La integración de la comisión representa no solo el cumplimiento de la Ley 16-26, sino también un acto de justicia para quienes han esperado durante décadas el reconocimiento de sus acreencias», concluyó Liberato.
