El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) exigió al Gobierno que se ponga al día con el pago a las generadoras de electricidad, a las cuales debe más de 850 millones de dólares.
Calificó de injustificadas recientes declaraciones de Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en el sentido de que la deuda se debe a los elevados costos de generación.
El CONEP, presidente es Rafael Blanco Canto, refutó a este funcionario señalando, debido a las bajas del precio internacional del petróleo, el costo de generación se ha reducido a un promedio de 12 centavos de dólar y en el 2014 era de 16 dólares.
A su juicio, es inconcebible que la deuda del gobierno sea superior a la del 2014, cuando el precio del petróleo estaba más alto, el precio del kwh era mayor y el margen de ganancia de las distribuidoras con su precio de venta era menor.
La principal organización empresarial manifestó su preocupación debido a la indiferencia que, a su juicio, mantiene el Estado ante una deuda de más de 850 millones de dólares.
Resaltó que esta situación genera inseguridad a potenciales inversionistas del sector eléctrico en la República Dominicana.
Relaciones deterioradas
En los últimos días distintos pronunciamientos de dirigentes del sector empresarial han dado a entender que no están bien las relaciones entre ambos sectores.
El domingo la a Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) alertó sobre los riesgos de lo que definió como creciente endeudamiento público de la República Dominicana y gastos “sin control” y de baja calidad en el Estado.
Antonio Taveras Guzmán, presidente de dicho gremio, manifestó que la República Dominicana debe mirarse en el espejo de Puerto Rico y Grecia, donde el manejo irresponsable de las finanzas públicas y el “endeudamiento alegre” han sacudido los cimientos de su economía con graves secuelas para la estabilidad social.
Sostuvo que “en República Dominicana existe una espiral de endeudamiento para responder la demanda de financiamiento del gobierno en un contexto de debilidades fiscales, determinadas por una baja presión tributaria, más el despilfarro y la poca transparencia en algunas instituciones públicas”.
