Para el 2026, el Gobierno manejará un presupuesto estatal con una reducción de entre el 0.1 y el 27 % en los fondos asignados a las principales instituciones del Estado.
Aunque la Ley de Presupuesto General de la Nación para el próximo año contempla una estimación de 1 billón 622,833.4 millones de pesos (1.9 % más que lo pautado originalmente para el 2025), representa una reducción del 3 % con respecto al presupuesto vigente de este año que contiene las modificaciones aprobadas en septiembre pasado, según los datos de Hacienda.
Entre los compromisos financieros de los poderes del Estado y los órganos extrapoder, 16 instituciones públicas tendrán una disminución presupuestaria frente al presupuesto vigente, mientras que 12 partidas fueron incrementadas.
La Administración de Deuda Pública y Activos Financieros aumentó su asignación en un 11 %, mientras que la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional la redujo en un 5.5 %. Solo dos instituciones permanecieron sin cambios: el Senado de la República y el Poder Judicial.
Estos cambios se producen en el contexto de las reformas institucionales que se empezarán a implementar a partir del 2026, especialmente en el Poder Ejecutivo.
El próximo año comenzará a operar el Ministerio de Justicia, que aglutinará las responsabilidades del Gobierno central en materia administrativa y de gestión del sistema judicial, incluyendo la administración penitenciaria, el auxilio científico forense a los tribunales y la gestión de registros notariales y documentos oficiales, con el fin de descongestionar al Ministerio Público.
