La Fiscalía de EE.UU. solicitó hoy “mantener detenido y sin derecho a fianza” al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, quien enfrenta un proceso de extradición por interceptación ilegal y enriquecimiento ilícito en su país.
Martinelli (2009-2014), detenido desde el pasado 12 de junio en Miami (Florida), deberá presentarse este martes en una segunda audiencia en la que sus abogados insistirán en su liberación “inmediata”.
Sin embargo, la Fiscalía argumentó que Martinelli no puede probar la “fuerte presunción contra la fianza en casos de extradición internacional”, según un memorando al que tuvo acceso Efe.
El expresidente “no puede demostrar que no plantea ningún riesgo de fuga y que existen circunstancias especiales que justifican su liberación”, señala la Fiscalía.
Entre tanto, los abogados de Martinelli solicitaron hoy su liberación al comparar el caso con el del exministro colombiano Andrés Felipe Arias, quien también enfrenta en EE.UU. un juicio de extradición por corrupción y fue liberado bajo fianza.
Los abogados John Richard Byrne y Marcos Daniel Jiménez señalaron que el caso de Martinelli es más “convincente” y que, a diferencia de Arias, el expresidente panameño “no huyó del país” y no está “condenado” sino “simplemente acusado”, además, de forma “inapropiada”.
Arias, quien permaneció casi tres meses en prisión antes de que un juez autorizara su libertad bajo fianza, fue condenado en Colombia a 17 años por un caso que involucró subsidios para campesinos que acabaron en manos de familias adineradas.
Martinelli “no tiene récord de incumplimiento con las condiciones de liberación” como Arias, precisaron los abogados.
Señalaron que el expresidente “ni siquiera estaba en Panamá cuando le presentaron los cargos, ya que había abandonado el país para buscar asilo político”.
Previamente, los abogados habían presentado una moción exigiendo la “inmediata” liberación de Martinelli y “desestimar” el caso, tras argumentar que la orden de arresto presentada por Panamá en su pedido de extradición es “inválida” e “indebida”.
La defensa precisó que el Gobierno de Panamá alude en la orden de arresto a la “rebeldía”, la cual “no hace parte de los trece delitos válidos” consignados en el tratado de extradición suscrito por EE.UU. y Panamá en 1904 y que por tanto su detención es “inconstitucional”.
