El Tribunal Supremo de EE.UU. determinó que una parte de la ley que facilita las deportaciones de extranjeros condenados por un crimen es demasiado “vaga” y, por tanto, no se puede poner en práctica, lo que limita la capacidad del Gobierno para deportar a inmigrantes con antecedentes.
La decisión del alto tribunal fue muy ajustada, con solo cinco de los nueve magistrados a favor, entre los que figuró el conservador Neil Gorsuch, nombrado el año pasado por el presidente, Donald Trump, y que interpreta la Constitución de manera literal sin tener en cuenta los cambios de la sociedad actual.
En la sentencia, escrita por Gorsuch, los jueces consideran que la provisión de la ley que facilita las deportaciones es demasiado “vaga” cuando define qué es un “crimen violento”, algo que hasta ahora permitía al Gobierno acelerar la expulsión de aquellos extranjeros condenados por un crimen.
Con su fallo, el tribunal confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que en 2015 ya anuló esa provisión de la ley al considerarla demasiado confusa.
La decisión del Tribunal Supremo es un golpe para Trump, que verá mermada su capacidad para acelerar la deportación de extranjeros con antecedentes penales.
El caso está centrado en la figura de James Dimaya, un filipino que llegó a Estados Unidos en 1992 con 13 años y, en 2007 y 2009, fue condenado por dos delitos de robo, por los que fue condenado en total a cuatro años de prisión.
Entonces, en 2010, el Gobierno comenzó el proceso para deportarle porque, a su juicio, los robos por los que había sido condenado podían considerarse “crímenes violentos” y, por tanto, su expulsión estaba amparada por esa provisión recogida en la ley federal.
El Tribunal Supremo celebró una audiencia sobre este caso el 2 de octubre.
