Un tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva a una pareja acusada de integrar una estructura que utilizó el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse mediante maniobras fraudulentas.
Héctor Antonio Lora Cruceta y su esposa Luisa Yasiris Guzmán fueron enviados al centro de corrección y rehabilitación Rafey.
La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, también dispuso arresto domiciliario para Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora, y declaró el caso complejo.
Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), señaló que el tribunal reconoció que la solicitud de medida “es bastante robusta” y que se aportaron pruebas suficientes para establecer el vínculo de los imputados con los hechos. “Seguiremos investigando, habrán más imputados”, advirtió Ortiz.
Respecto a Vargas Sánchez, Ortiz precisó que no existe acuerdo de cooperación. Explicó que el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario porque la imputada admite su responsabilidad y tiene menor riesgo de fuga que quienes mantienen una defensa negativa.
Lora Cruceta fue presidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), Guzmán presidía la fundación Tócate RD-Casa de Acogida y Vargas Sánchez fue vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato.
Según la investigación, los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos y crearon la fundación Tócate para distraer fondos y cobrar al SeNaSa por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del oncológico. También se autoasignaron salarios, viáticos y otros beneficios no correspondientes al personal de este tipo de entidades.
Los imputados utilizaron las razones sociales Vargas Lora & Asociados, hoy Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida para sustraer los fondos.
