En la audiencia preliminar celebrada por el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, el ministerio público admitió que no pudo notificar las pruebas de conformidad con la ley, en la solicitud de juicio preliminar en el caso del senador Félix Bautista.
La titular de la Procuraduría especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Laura Guerrero Pelletier, indicó que “el ministerio público debe garantizar los derechos fundamentales del imputado” y pidió el aplazamiento de la audiencia para que tomaran conocimiento de las pruebas, al admitir que pudo entregarlas conforme a la ley.
De su lado, los abogados de la defensa del senador Félix Bautista, los doctores Ramón Emilio Jiménez, Juan Antonio Delgado, Marino Feliz Rodríguez expresaron, que desde el mes de febrero de 2014, habían solicitado mediante acto de alguacil a la PEPCA las pruebas del proceso de investigación en contra del senador Félix Bautista y que la respuesta del ministerio público fue el silencio, en violación del artículo 95 del Código Procesal Penal, que establece que durante el proceso de investigación todo imputado tiene derecho a ser informado del hecho que se le atribuye y recibir un resumen de los contenidos de prueba existentes.
Señalaron además, que el ministerio público ha cometido una violación grave al artículo 293, que establece en el numeral 3 que “junto al requerimiento (Acusación), el ministerio público remite al juez los elementos de prueba que le sirven de sustento” y esto aún no ha ocurrido.
Los juristas alegaron que el ministerio público ha violado los artículos 167, 168 y 294 del Código Procesal Penal relativo a la exclusión probatoria; renovación, rectificación o cumplimiento; y sobre la Acusación.
“A pesar de la espectacularidad y del bulto que ha hecho el ministerio publico mostrando cajas y papeles, aún no ha entregado las pruebas, violando el derecho de defensa de los imputado, el Código Procesal Penal y la Constitución”, expresaron.
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