Santo Domingo.– La deuda acumulada por el Gobierno con los generadores de energía ha batido un nuevo récord en la última semana de septiembre al llegar a US$905 millones de dólares, desde los US$818 millones que se registraron a finales de agosto. Como consecuencia de esta situación, varias de las empresas de generación están a punto de quedarse sin fondos con los que comprar combustible y eso las llevaría a tener que apagar sus plantas.
La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) informó de que en las mismas fechas de hace dos años, la deuda estaba en US$580 millones, y que, en igual periodo de 2013, ya alcanzaba los US$744 millones. Ante el impago de parte del Gobierno, las generadoras han venido solicitando préstamos para poder mantener sus operaciones. Sin embargo, los bancos han empezado a negar nuevos créditos y eso restringe el acceso a fondos y alos suplidores locales e internacionales de combustible hay que pagarles de forma inmediata para que hagan sus despachos.
Además de consecuencias para los generadores, que en algunos casos ya se han traducido en su retirada del mercado dominicano hacia otros más confiables, como Panamá, también las habría para la población porque aumentarían los apagones que ya de por sí provocan las Distribuidoras por su ineficiencia de gestión y comercialización.
Las llamadas Edes no son capaces de cobrar a los consumidores toda la electricidad que les sirven. Estas pérdidas equivalen a un 33% de acuerdo al informe del primer semestre del año elaborado por ADIE sobre la situación del sector eléctrico a partir de datos obtenidos de la CDEEE. De esas informaciones también se desprende que las Distribuidoras compraron energía a un promedio de 16.6 centavos de dólar y lo vendieron a 18.5 centavos de dólar en los primeros cuatro meses del año.
La ADIE reitera el llamado al Gobierno para que realice sus mayores esfuerzos para cubrir el déficit comercial de las Distribuidoras de manera que éstas puedan cumplir con el pago de la deuda acumulada lo antes posible. Que honren este compromiso es la única garantía que existe para asegurar el suministro y la sostenibilidad del sistema eléctrico a corto plazo.
