República Dominicana.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra ocho supuestos integrantes de una red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, detenidos durante un amplio operativo en Bonao, provincia Monseñor Nouel.
Son ellos Fredery García Ortiz, señalado como cabecilla de la estructura criminal y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más S.R.L.; su pareja María Carolina Durán Tavárez, Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (Chango).
Asimismo, las autoridades imputan a la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., cuyos establecimientos supuestamente servían de fachada para las citadas actividades ilícitas.
La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en representación del Ministerio Público.
VARIOS CLIENTES SE QUEJARON
La investigación se originó luego que varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional se quejaron por fraudes cometidos en su contra, lo que dio paso a una labor de seguimiento del Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.
La misma permitió detectar que las citadas personas, de manera fraudulenta, accedieron a los perfiles de los clientes, realizaron múltiples transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y retiraron fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas en instituciones financieras.
Como parte de la indagatoria fueron ejecutados 34 allanamientos en los que fueron ocupados dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso así como sustancias controladas y vehículos.
RETIENEN INMUEBLES
El Ministerio Público procedió, además, a retener varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a través de las actividades delictivas.
El órgano persecutor considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, por lo que solicitó al tribunal prisión preventiva para los ocho imputados a fin de garantizar el proceso y preservar la integridad de la investigación, la cual continúa abierta para identificar a otros posibles implicados.
