Los ajustes a los precios de las viviendas de bajo costo publicados por la DGII el pasado 28 de mayo contradicen las leyes y decretos que rigen y norman a ese sector y alejan a miles de familias de las posibilidades de acceder a un techo propio, afirmó un grupo de organizaciones financieras y constructoras.
Denunció que “la DGII viola las disposiciones del Código Tributario, de la Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, el Decreto 359-12 sobre acreditación de proyectos de viviendas de bajo costo, según el cual el cálculo para determinar el valor máximo de las viviendas de bajo costo debe tomar el año 2009 como punto de partida; sin embargo, la DGII realiza su cálculo a partir del año 2011”.
Entre los denunciantes figura la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), cuyo presidente, Héctor Breton, aseguró que, “de cumplirse lo ordenado por la ley, una mayor cantidad de familias obtendrían bonos para sus viviendas”.
“De conformidad con el párrafo 26 del Decreto 359-12, el precio tope de las viviendas de bajo costo que pueden beneficiarse de los incentivos de la Ley 189-11 es de RD$ 2,829,572.35. En cambio, la DGII considera que el tope es de RD$ 2,307,060.92″, indicó Breton en rueda de prensa en la que, además, participaron representantes de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON).
Asimismo, la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI), la Asociación de Empresas Inmobiliarias (AEI), la Asociación de Ferreteros (ASODEFE), la Asociación de Sociedades Fiduciarias Dominicanas (ASOFIDOM), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (ADOCEM), y la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD).
