Washington, 6 nov (EFE).- Human Rights Watch (HRW) denunció hoy la decisión del Tribunal Constitucional de República Dominicana de privar de nacionalidad a nacidos en el país de padres indocumentados, que afecta esencialmente a haitianos, por crear “apátridas” y ser un “serio revés para los derechos humanos”.
El director ejecutivo y responsable de América de HRW, José Miguel Vivanco, dijo hoy en una conferencia en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS) que la decisión del Constitucional dominicano y el compromiso del Gobierno de aplicarla son una violación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos al crear personas “sin Estado”.
El Constitucional dominicano resolvió en septiembre que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en la República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país “en tránsito”.
Vivanco recordó que “la ley internacional deja claro que un Gobierno no puede implementar leyes que conduzcan a la creación de personas apátridas o parias”, algo que en su opinión provocaría la aplicación de ese fallo al dejar a personas dentro de una misma isla sin nacionalidad dominicana o haitiana.
HRW estimó que unas 240.000 personas se verían afectadas por la aplicación de esta sentencia.
El representante de la ONG consideró que estas medidas crean un estado de “permanente ilegalidad”.
HRW subrayó que los haitianos en la República Dominicana ya son utilizados como mano de obra barata, como ciudadanos de segunda clase, y esta nueva decisión judicial “es una oportunidad para más abusos y extorsión”.
Vivanco consideró que la sentencia -que no se puede recurrir- y su aplicación por parte del Gobierno “refleja tendencias racistas de importantes sectores de la población dominicana”.
El representante opinó que aún hay instrumentos para detener la implementación, como que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pida la suspensión de la ejecución de la sentencia, porque “tiene la autoridad legal”.
Además, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) podría presionar al país caribeño para que “adopte una legislación que suspenda la implementación de la sentencia”.
