República Dominica parece ser el único país, de los que han abierto investigación por el caso Odebrecht, en donde las informaciones ofrecidas por el representante local de la compañía deben ser homologadas con las recibidas en Brasil, para entonces actuar en materia penal. A pesar de haber interrogado a Marcelo Hofke, gerente local de la empresa, y lograr que este admitiera que la empresa pagó US$92 millones en sobornos para ser favorecida con obras, el procurador Jean Alain Rodríguez no ha podido identificar los funcionarios sobornados por Odebrecht.
En Perú, así como ocurrió en Brasil, la información suministrada por Jorge Henrique Simoes Barata, representante de la constructora en ese país, bastó para obtener y ejecutar un allanamiento a la residencia del expresidente Alejandro Toledo por presuntamente haber recibido US$20 millones.
Pese a que Jean Rodríguez comunicó que Hofke le reveló que el empresario Ángel Rondón fue quien recibió el dinero para el soborno, algo negado por el abogado de Odebrecht, a la fecha no se ha judicializado el caso.
De acuerdo con los pocos detalles que Rodríguez Sánchez ha dado sobre el acuerdo donde se le retribuirá US$184 millones al Estado dominicano, a cambio de no procesar penalmente a los ejecutivos y empleados directos de la compañía, se le deben facilitar las delaciones de los ejecutivos, las cuales fueron homologadas por la Corte Suprema de Justicia.
“Odebrecht se comprometió a proporcionar al Ministerio Público toda la información que le sea requerida, especialmente la delación premiada sobre las operaciones de Odebrecht en el país ofrecida ante el Ministerio Público Federal de Brasil, a raíz de la cual resultarán identificadas personas, obras y la estructura financiera empleada en la movilización de los fondos”, dijo Rodríguez.
