SANTO DOMINGO.– El Comité Institucional Codiano (CIC) informó que remitió comunicaciones a diez instituciones públicas para exigir información sobre el cumplimiento del protocolo de actuación de la Comisión Ejecutora de la Ley núm. 16-26, relacionada con el pago de deudas estatales a contratistas.
El ingeniero Miguel Liberato, vocero del CIC, explicó que la iniciativa responde a la demora que, según indicó, mantienen varias instituciones deudoras en la entrega de los documentos necesarios para verificar, evaluar y validar las acreencias pendientes.
Liberato señaló que, pese a haber recibido el protocolo operativo hace más de tres meses, las entidades todavía no han remitido toda la documentación requerida para avanzar en el proceso. Afirmó que existen expedientes relacionados con obligaciones que llevan más de seis años pendientes.
De acuerdo con el vocero, los 92 expedientes están distribuidos entre distintas entidades, incluidos los ministerios de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de Educación (MINERD), así como el INAPA, el INAVI y el INDRHI, entre otras instituciones.
Las solicitudes buscan determinar qué actuaciones administrativas han realizado las entidades, cuántos expedientes han preparado y remitido a la Comisión Ejecutora, y cuáles obstáculos han impedido completar la documentación.
Advierten posibles acciones legales
Liberato indicó que el CIC dará seguimiento individualizado a las diez comunicaciones y recordó que las solicitudes se amparan en la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública.
Según explicó, el artículo 8 de esa legislación establece un plazo ordinario de 15 días hábiles para responder, con una posible prórroga excepcional de otros 10 días hábiles, debidamente justificada y notificada.
El dirigente advirtió que, si las instituciones no responden dentro de los plazos legales, el comité evaluará acciones administrativas y judiciales, sin descartar la realización de piquetes pacíficos frente a las entidades que incumplan sus obligaciones.
Finalmente, el CIC reconoció la labor de la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26, pero insistió en que el avance del proceso depende de que las instituciones deudoras entreguen oportunamente los documentos necesarios para validar las acreencias y determinar los compromisos pendientes con los contratistas.
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