En su querella, los abogados de la familia incluyeron también a otros directivos del Instituto y a los propietarios de la hacienda
La solicitud de medida de coerción presentada por los abogados de la familia de Stephora Anne-Mircie Joseph fue remitida al juez coordinador del Juzgado de la Instrucción de Santiago, quien tendrá a su cargo fijar el día y la hora para conocer la audiencia contra otras personas que, según la defensa, también están vinculadas al caso.
Los juristas Miguel Díaz y Shesnel Calcaño, representantes de la familia, pidieron que en el expediente se incluya a los verdaderos directivos del Instituto Integral Leonardo Da Vinci, así como a los propietarios de la hacienda Los Caballos, alegando que ambos grupos tienen responsabilidad directa en lo ocurrido.
Calcaño sostuvo que hasta el momento solo aparecen “mandos medios del colegio” en la acusación del Ministerio Público.
Aseguró que dicha exclusión evidencia una “protección” hacia la directiva real del centro educativo.
“Las mujeres que fueron presentadas ante el tribunal no forman parte de la toma de decisiones. Eso demuestra la protección que ha tenido el colegio durante todo el proceso”, afirmó.
Miguel Díaz, por su parte, reiteró que existen personas “omitidas” por el Ministerio Público pese a que, según dijo, tienen incidencia directa en la muerte de la menor.
“Necesitamos que vengan a comparecer y esclarecer esta situación. No podemos permitir que este hecho quede sin responsabilidad“, expresó.
Primeras imputadas
La jueza de Atención Permanente, Yerixa Cabral, impuso una garantía económica de RD$500,000 y presentación periódica a Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel.
Dicha decisión será apelada por el Ministerio Público, representado por Olga Diná Llaverías.
En cuanto a la coordinadora general del instituto, Gisela González, la magistrada dictó libertad pura y simple, al considerar que el órgano acusador no presentó elementos de prueba que la vincularan con el hecho.
