Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República, a través del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), logró que fueran impuestas condenas de 30, 10 y 5 años de prisión en contra de tres hombres y un adolescente que fueron hallados culpables de cometer en hechos separados los delitos de homicidio, asociación de malhechores, intento de atraco y robo.
La condena de 30 años de prisión y 1 millón de indemnización fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo contra Santo Soto, alias El Barón, por los delitos de homicidio, intento de atraco y asociación de malhechores en contra de Zoneida Henríquez Asencio.
Una información divulgada por la Procuraduría General establece que también fue condenado a 10 años de prisión y una indemnización de 300 mil pesos el imputado Pablo Marte Díaz, luego que el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo lo declarara responsable de cometer un robo en la vivienda de la señora Dolores Mercedes Vargas, localizada en dicha provincia.
Ese mismo tribunal también sentenció a cinco años de prisión y al pago de una indemnización de 300 mil pesos a Benito Manzueta, tras determinar que amenazó y agredió verbal y físicamente a una mujer.
Asimismo indica que otra condena de cinco años de prisión y una indemnización de 1 millón de pesos fue impuesta por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la referida jurisdicción contra un joven de 17 años de edad, por haber causado la muerte al señor Francisco Arturo Serra. El nombre del menor fue omitido por razones legales.
El Relevic es dirigido por el procurador general adjunto Moisés Ferrer para ofrecer servicio de representación legal gratuita a víctimas de bajos recursos económicos, quienes estuvieron representadas en estos casos por el abogado Domingo Pacheco.
Las penas fueron impuestas basados en la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, estableciendo dichos dictámenes que estas deberán ser cumplidas en la Penitenciaría Nacional de la Victoria y en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, de Najayo, San Cristóbal.
