La Vega. – Residentes y comerciantes afectados por la ampliación de la carretera La Vega-Jarabacoa denunciaron que viviendas, negocios y verjas perimetrales han sido demolidos con equipos pesados y bajo presencia militar, sin que, según afirman, se hayan acordado compensaciones ni plazos suficientes para trasladarse.
Los comunitarios calificaron de “arbitrario” el proceder del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Aseguraron que recibieron las primeras comunicaciones formales hace unos 20 días y que han sido presionados para aceptar los montos establecidos por la institución.
Según sus testimonios, algunos propietarios que no firmaron los acuerdos fueron advertidos de que sus inmuebles serían demolidos, una medida que afirman ya se ejecutó en varios casos.
Cuestionan notificaciones y tasaciones
Diomedes Marte, residente de la zona, explicó que recibió una comunicación el 30 de septiembre y que posteriormente los propietarios fueron convocados a una reunión para conocer las ofertas económicas.
“A los tres días, vinieron a desbaratarle la casa a quienes no firmaron”, sostuvo.
Marte afirmó que su vivienda no fue demolida gracias a la intervención de un conocido que pasó por el lugar. Sin embargo, aseguró que la casa de un vecino fue destruida sin que este tuviera conocimiento previo.
Camilo Marte, hijo de Diomedes, relató que por esa vivienda de dos plantas se ofrecían RD$1.8 millones.
“Le sacaron las pertenencias y le destruyeron la vivienda. La comunidad tuvo que ayudarlo a llevar sus trastes donde un familiar en la ciudad”, manifestó.
Los afectados también cuestionaron las tasaciones. Según denunciaron, el MOPC ofrece RD$1,200 por metro cuadrado de terreno, mientras ellos estiman que el valor de mercado oscila entre RD$4,000 y RD$5,000.
“Aquí nadie se opone a la ampliación; de hecho, estamos contentos porque representa avance para nuestra comunidad. Lo malo es la forma en que lo están haciendo”, expresó Marte.
Su hijo reclamó una evaluación adecuada, el pago correspondiente y alternativas para las familias que deban abandonar sus viviendas.
Atribuyen premura a visita presidencial
Los moradores sostuvieron que personal vinculado a la obra les atribuyó la urgencia de las demoliciones al retraso de los trabajos y a una posible visita del presidente Luis Abinader.
Esa explicación corresponde a los testimonios de los afectados y no está acompañada de una confirmación oficial en la información suministrada.
Asimismo, denunciaron que Obras Públicas rechaza las tasaciones particulares presentadas por los propietarios y solo reconoce los avalúos realizados por sus técnicos.
Comerciante denuncia daños a su establecimiento
José Lajara, propietario de Recursos Ferreteros, explicó que recibió hace menos de un mes una notificación para negociar el terreno frontal de su negocio y que participó en varias reuniones para intentar alcanzar un acuerdo.
Afirmó que, sin haberse definido un plazo de traslado, cuadrillas del MOPC demolieron la pared frontal del establecimiento.
“Si a mí me dicen qué es lo que el Estado puede ofrecer y me dan cinco meses para moverme, uno entiende que las cosas van en serio. Pero no puedes venir un lunes para que yo me mude el martes y venir a romper al día siguiente”, protestó.
Lajara indicó que tuvo que improvisar una verja de alambre de púas para proteger la mercancía que quedó expuesta. Añadió que deberá reconstruir la tienda y trasladar el almacén a otro solar.
El empresario señaló que el negocio genera cerca de 30 empleos, cumple con sus obligaciones tributarias y utiliza facturación electrónica desde hace un año.
También expresó preocupación por la seguridad del inventario y los compromisos financieros que mantiene con bancos y suplidores.
Los propietarios y comerciantes reclamaron acuerdos de compensación y plazos razonables antes de nuevas intervenciones. Aseguraron que la incertidumbre persiste entre quienes todavía no han firmado los convenios propuestos por Obras Públicas.
