Madrid, 26 mar (EFE).- El Congreso de los Diputados de España aprobó hoy la Ley de Seguridad Ciudadana que supone la modificación de la legislación de Extranjería para legalizar las denominadas “devoluciones en caliente” o “rechazos en frontera”.
La polémica ley fue aprobada con los votos del gubernamental Partido Popular, centroderecha, con mayoría absoluta y que sostiene que incrementará la liberta.
Tachada por la oposición de “mordaza” y “represiva” a pesar de que ha sido suavizada respecto al texto inicial, la ley, proyecto estrella del Ministerio del Interior, culminó hoy su tramitación parlamentaria tras cinco meses de debate.
Durante este tiempo, el contenido de la norma ha quedado diluido al centrarse la polémica en una enmienda que presentó el PP en el Congreso y que supondrá la modificación de la ley de Extranjería para legalizar las denominadas “devoluciones en caliente” o “rechazos en frontera”.
Sucesora de la llamada “la patada en la puerta” de 1992, la nueva norma, que entrará en vigor en julio, prohíbe por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, pero permite la identificación de las personas que tengan total o parcialmente cubierto el rostro con cualquier tipo de prenda.
Regula los cacheos y fija en un plazo máximo de seis horas el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas solo en supuestos excepcionales y cuando no sea posible acreditar esta identificación por medios físicos o telemáticos.
Paralelamente tramitada con la reforma del Código Penal, la nueva ley asume lo que hasta el momento figuraban como faltas y se convierten ahora en infracciones administrativas, que serán muy graves (multadas con entre 30.001 a 600.000 euros), graves (de 601 a 30.000 euros) y leves (de 100 a 600 euros).
En su debate final y en el último turno de palabra, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha mostrado convencido de que la nueva ley dotará a España de más libertad.
“Cuando entre en vigor quedará garantizada la libertad”, afirmó el ministro, que aprovechó para incidir en que la norma no “toca el derecho de reunión ni de manifestación”.
A pesar de estos argumentos, la oposición ha insistido en que la ley ni es necesaria ni demandada por los ciudadanos, y que tiene como único objetivo “amordazar” la protesta en las calles. EFE
