Nueva vez fue aplazado el conocimiento de medida de coerción contra los 39 implicados en la operación discovery, una red que de acuerdo al Ministerio Público se dedicaba a ciberdelitos.
La audiencia continuará este jueves a partir de las 9:00 de la mañana, tras el receso decidido por la jueza.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra los integrantes de la organización de estafa internacional y procura, además, que el caso sea declarado de tramitación compleja.
En la audiencia el órgano persecutor mostró cómo la organización utilizó por años prácticas de extorsión y sextorsión para apropiarse de los recursos económicos y de las identidades personales de miles de ciudadanos de Estados Unidos.
Expuso, además, los hechos conexos entre los imputados, incluyendo a Josué Marte Monsanto, una pieza clave en la organización criminal y quien tiene un proceso abierto en su contra por narcotráfico.
En 2018, Marte Monsanto fue detenido en el Cruce de Controba en La Vega, a bordo de un carro Hyundai Sonata, Y20 color blanco, en el que se trasladaba junto a una menor de edad, cargando con dos paquetes de cocaína con un peso aproximado de 2 kilos y otras ocho porciones de la misma droga con un peso de 393.7 gramos.
También le fueron ocupadas 12 porciones de crack con un peso aproximado de 317.3 gramos; una pistola, seis celulares y 7,650 pesos en efectivo.
Por el caso, el imputado había guardado prisión preventiva, medida que luego le fue variada y quedó en libertad.
Por este nuevo sometimiento, el Ministerio Público pedirá para él 18 meses de prisión preventiva, igual que para el resto.
La estructura del ciberdelito desmantelada a través de decenas de allanamientos simultáneos realizados en el país y en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, operaba desde Santo Domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata.
Las acciones judiciales derivadas de la Operación Discovery se desarrollan mediante la coordinación operativa de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago.
