Este jueves la justicia dominicana puso fin a uno de los casos más sonoros de la historia reciente del país: el de los sobornos multimillonarios de la constructora brasileña Odebrecht.
El principal acusado del caso ha sido Ángel Rondón, quien fue señalado por los fiscales del Ministerio Público como la persona que recibió los US$92 millones que se gastaron en sobornos hacia diferentes funcionarios y legisladores del país.
El tribunal ha hecho mención de culpabilidad a Ángel Rondón por lavado y soborno.
Pero previo al escándalo de Odebrecht, Rondón era conocido solamente por ser un exitoso empresario ganadero, alejado de la palestra pública.
Es el propietario de la Industria Láctea Agroindustrial que elabora el clásico queso “Patrón de Oro” y el yogurt “Élite”.
En octubre de 2013 la Asociación de Hacendados y Agricultores (ADHA) le concedió la Medalla al Mérito en Ganadería, en una ceremonia encabezada por el entonces presidente de la República, Danilo Medina, “por sus aportes al desarrollo de la agropecuaria nacional”.
Asimismo, es el principal inversionista la compañía gestora de cobros AAA, que ofrece servicios a varias instituciones estatales, y presidente tanto del consejo de accionistas del complejo Riviera Azul, ubicado en Puerto Plata, como de la compañía Conansa Internacional.
Acusaciones
A todos los imputados se les acusa de delitos de soborno en el comercio, proscripción de la corrupción, lavado de activos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación y falsedad en declaración de bienes.
De manera específica, el Ministerio Público aseguró que Rondón fue que recibió la suma millonaria que luego fue utilizada en forma de sobornos, según Jean Alain Rodríguez, quien en esa ocasión era el titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Rodríguez se basó en la confesión del gerente local de la constructora brasileña, Marcelo Hofke, que habría revelado esta información en su interrogatorio de siete horas en enero del 2017.
En su contra fueron pedidos 10 años de prisión.
Defensa
Durante todo el proceso judicial los abogados de Rondón afirmaron que su cliente es inocente, alegando que el Ministerio Público “no ha podido destruir su presunción de inocencia”, y que los fiscales no aportaron al proceso pruebas suficientes y plenas que acreditarán dicha teoría.
José Miguel Minier, quien encabeza el consejo de defensa de Rondón, aseveró que la presunción de inocencia es una de las garantías fundamentales del debido proceso y que para declarar culpable a una persona se precisa de prueba de cargo suficiente para “alcanzar un determinado estándar probatorio”.
Sobre esto, Minier dijo que las pruebas aportadas no establecen la certeza de la imputación formalizada en contra del imputado, por lo que ante la ausencia de elementos de pruebas suficientes que permitan que este cometiera el hecho atribuido, se impone la absolución del encartado.
