SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia inició a las 10:00 de la mañana el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra exdirector técnico de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Bernardo Castellanos de Moya, imputado en el caso Odebrecht.
Sin embargo, inmediatamente ordenara el inicio de audiencia, el magistrado Francisco Ortega Polanco dispuso un receso de cinco minutos para que el Ministerio Público se presente al estrado.
Tras el receso, fue reiniciada la audiencia, durante la que el tribunal dispuso 30 minutos al Ministerio Público para que presente la solicitud de medida de coerción.
La defensa de Bernardo Castellanos solicitó al juez excluir la calificación de soborno y violación a la ley de declaración jurada de bienes en el entendido que la ley que regula el soborno fue promulgada en el año 2006 y las imputaciones que se le hace al procesado son previo a esa fecha, por lo que entiende que se viola el principio de la no retroactividad de la ley.
En tanto que en lo relativo a la no declaración de patrimonio, dijo que la misma no se aplica a Castellanos debido a que era un “simple técnico” y no un funcionario.
El Ministerio Público dijo que al tratarse de una objeción a la calificación jurídica se pronunciará sobre el mismo una vez presenten la solicitud de imposición de medida.
El juez acumuló el incidente para ser fallado juntamente con el fondo de la solicitud que hace el Ministerio Público.
A Castellanos se le imputa haber recibido soborno para adjudicar a Odebrecht el proyecto de construcción de la presa Pinalito junto al entonces administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, César Sánchez.
Castellanos de Moya fue detenido el miércoles en la noche a su regreso al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, como había informado su abogado Marino Elsevyf, quien una vez que fue visitarlo a la cárcel del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, dijo que su prisión es ilegal.
Explicó que su cliente se encontraba trabajando en Panamá cuando fue emitida la orden de arresto en su contra y viajó a Guatemala por cuestiones laborales pero que como lo prometió, ha acudido a ponerse a disposición de las autoridades.
Describió que su cliente tiene una hija en estado de coma y que ha estado trabajando fuera del país para poder costear su tratamiento.
