Las comunidades de Sánchez Ramírez, en Cotuí, siguen en pie de lucha contra los impactos negativos de la explotación minera de la Barrick Gold. Según Osvaldo Brito, dirigente del Frente Unido de Lucha Popular (FLUP), la empresa ha desplazado a cientos de familias, afectando no solo sus hogares, sino también el medio ambiente y la economía local.
“La explotación minera a cielo abierto ha generado altos niveles de contaminación, afectando la salud de la población con enfermedades en la piel y casos de cáncer. Además, las tierras productivas han sido arrasadas, imposibilitando la agricultura”, denunció Brito.
Uno de los puntos más controversiales es la tasación de los terrenos de los desalojados. Según los comunitarios, la empresa y el Estado han fijado precios injustos, pagando apenas 70 pesos por metro cuadrado, muy por debajo del valor real de estas tierras ricas en recursos naturales y agrícolas.
La indignación ha llevado a una convocatoria de protesta para el próximo miércoles 19 de febrero, donde diversas organizaciones y líderes sociales exigirán una reubicación digna, pagos justos y el cierre definitivo de la empresa minera en la zona.
Además, Brito denunció amenazas contra sacerdotes que han apoyado la lucha de estas comunidades, asegurando que agentes policiales, presuntamente al servicio de la minera, han intentado amedrentar a quienes se oponen a la explotación.
Las comunidades de Cotuí siguen firmes en su demanda de justicia, en defensa de sus tierras y del derecho a un ambiente sano.
