El mismo día que encontraron el cuerpo del abogado Yuniol Ramírez flotando en un arroyo, atado con una cadena a dos blocks, estaba prevista una audiencia de acción de amparo en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a la que debía asistir tanto la víctima como el director de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, apresado y vinculado por el Ministerio Público en este hecho.
El motivo era la negativa de la OMSA de entregar al abogado los registros de las relaciones comerciales que tenía con varias empresas suplidoras, para lo cual Ramírez se amparó en la Ley de Libre Acceso de la Información Pública.
En una investigación realizada por LISTÍN DIARIO, se pudo comprobar que algunas de esas empresas pertenecen a Eddy Rafael Santana, de quien la Fiscalía dijo fue la persona a la que Rivas pidió intervenir con la víctima para que desistiera de la investigación sobre los alegados actos de corrupción en la OMSA.
((Inicio del caso
El 28 de septiembre pasado, la primera sala del Tribunal Superior Administrativo conocería una acción de amparo en audiencia pública que Ramírez Ferreras, a nombre de Convergencia Nacional de Abogados (CONA), interpuso contra el director de la OMSA, alegando que la institución no le había entregado de manera completa los documentos requeridos.
La audiencia fue pospuesta para las 9:00 de la mañana del pasado jueves 12. Estaba de última en el rol de audiencia pero no se realizó porque el profesor desapareció un día antes de la sede de la UASD.
Paradógicamente, José Mercado Blanco (El Grande), responsabilizado de la muerte, dijo a las autoridades que en el mes de septiembre había ido a la UASD, junto a Argenis Contreras, otro implicado que huyó a Miami, Estados Unidos, para darle seguimiento al profesor.
Según explicó un abogado, en estos casos, si la parte accionante no acude a la audiencia, se fija una fecha límite para declararlo cerrado. Ese al parecer era el propósito, dijo.
Pero las acciones del presidente del CONA iniciaron el 19 de junio de este año cuando hizo la misma petición al mismo tribunal y la volvió a repetir al mes siguiente, el 4 de julio.
Otro dato curioso, para esa fecha se produjo un extraño incendió que destruyó al menos nueve autobuses de la OMSA y a pesar de que se nombró una comisión investigadora, aún no se conoce el informe final.
¿Qué pedía la víctima?
Ramírez en la solicitud de amparo lo que pedía era que el tribunal obligue a la OMSA entregar al CONA certificaciones para establecer si los autobuses que se dijo fueron reconstruidos por las compañías Grupo Martisdom, Tech Solution, EKT, Venditio Línea y Asociados, Josafap Inversiones y Soluciones Triaubaa, estaban en servicio.
La relación debería abarcar desde enero del 201 2hasta la fecha y pedía además que se establezca dónde estaban asignados los autobuses. Insistía en que entregaran copias de los contratos suscritos con los señores Eddy Santana y Lilian Suárez, en sus calidades de suplidores de la OMSA.
Copias de las cotizaciones de reconstrucción de unidades que justifiquen el costo cobrado por esos suplidores, además de copias de los cheques o transferencias generados tanto al Grupo Martisdom, como a las demás empresas mencionadas.
Según la Fiscalía ante esas acciones, Rivas pidió la intervención de Santana para que tratara de llegar a un acuerdo con el abogado.
Dice además que en las conversaciones se habló de un pago de cuatro millones de pesos para retirar las acusaciones, de los cuales se llegó a entregar 1.2 millones de pesos.
