El procurador adjunto Wilson Camacho, ponderó el envío a juicio de fondo de los imputados del Caso OMSA y resaltó que el Ministerio Público seguirá luchando contra la delincuencia y la corrupción administrativa, tal y como lo planteó esta semana la magistrada Miriam Germán Brito.
“Es algo que a nosotros nos satisface y que se enmarca dentro de los planteamientos que hizo esta misma semana la señora procuradora general de la República, en el sentido de que uno de sus principales compromisos es el de perseguir la corrupción y enfrentar la impunidad en República Dominicana”, destacó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El pasado martes, 9 de marzo, fecha que el órgano persecutor busca instaurar como Día del Ministerio Público en honor al natalicio del Padre de la Patria Francisco del Rosario Sánchez, la procuradora Germán Brito reafirmó el compromiso de su gestión con el combate a la corrupción administrativa y la erradicación de la impunidad.
“El Ministerio Público, como un celoso guardián de la “cosa pública”, no debe tener amigos ni enemigos para traducir a la acción de la justicia penal a quienes, al ejercer una función pública, traicionen la confianza de la ciudadanía”, dijo Germán Brito.
Al recordar las palabras del Germán Brito en el contexto del Caso OMSA, el procurador Wilson Camacho dijo que en lo adelante el Ministerio Público procurará con todos sus recursos disponibles que se haga justicia y que el caso de corrupción en la OMSA, así como el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras culminen con una sentencia condenatoria.
Al responder preguntas de los periodistas que cubren el proceso sobre la variación de la medida de coerción a Faustino Rosario Díaz, exdirector financiero de la OMSA, Camacho explicó que todavía no hay ningún acuerdo. “El que colabora con la investigación puede tener acercamiento con el Ministerio Público, pero todavía no hay ningún acuerdo”, dijo.
La jueza Solange Vásquez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió el envío a juicio de Manuel Rivas y Faustino Rosario Díaz, ambos acusados de incurrir en corrupción administrativa en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Mientras, por la muerte de Ramírez Ferreras el tribunal dictó apertura a juicio contra José Mercado (El Grande), Víctor Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Abreu, así como de Heidy Peña.
Por este caso también es procesado y cumple un año de prisión preventiva Argenis Contreras González, acusado por el Ministerio Público como autor material en el secuestro y asesinato de Ramírez Ferreras, en octubre de 2017, un hecho criminal vinculado con actos de corrupción administrativa mientras se desempeñó como funcionario en la OMSA durante la gestión de Rivas.
El abogado Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (Cona), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en la provincia Santo Domingo.
Luego de perpetrado el crimen, Argenis Contreras huyó del país. Tres años después y tras los esfuerzos de la actual gestión de la Procuraduría General, el Ministerio Público logró que Estados Unidos lo entregara para que responda por los graves hechos que se le imputan en el país.
El órgano acusador, mediante una ardua labor de investigación, logró recabar diversas pruebas que sustentan el expediente y con las cuales busca probar la incriminación de los imputados y lograr una sanción ejemplar correspondiente a los delitos cometidos.
Acusación contra los imputados
El Ministerio Público explicó que en el caso de Rivas se le acusa por los tipos penales de asociación de malhechores, soborno, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado, corrupción en procesos de duplicidad de pagos, al igual que procesos de urgencia (esto es violentando procesos de licitación), y asociación de malhechores para cometer prevaricación, desfalco y estafa en perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público acusa a Faustino Rosario Díaz de los crímenes de asociación de malhechores, de corrupción por fraude en procesos de selección de compras directas y sin contratos, duplicidad de pagos al igual que en procesos de urgencias, enriquecimiento ilícito derivado de actividades de corrupción, lavado de activos e incremento patrimonial.
En el caso de Eddy Rafael Santana Zorrilla, indicó que se le imputa de cometer soborno, violentando disposiciones de la Ley sobre Soborno en el Comercio y la Inversión en detrimento del Estado dominicano.
Con relación al caso de Argenis Contreras González, dijo se les imputa la asociación de malhechores, el asesinato y el ocultamiento de cadáver de la víctima, así como actos de soborno.
José Antonio Mercado Blanco (El Grande) está acusado de asociación de malhechores para el asesinato y ocultamiento de cadáver de la víctima.
A Víctor Elizander Ravelo Campos se le implica en asociación de malhechores para el asesinato y ocultamiento de cadáver de la víctima.
En el caso de Jorge Luis Abreu Fabián, alias El Taxista, se le imputan delitos de asociación de malhechores para el asesinato y ocultamiento de cadáver de la víctima.
A la imputada Heidy Carolina Peña de le acusa de asociación de malhechores para el asesinato y ocultamiento de cadáver de la víctima.
