SANTO DOMINGO. Rafael Núñez, vocero del expresidente Leonel Fermández, acusó a la Procuraduría General de la República de “hacer justicia selectiva y usar expedientes de corrupción “como chantaje”.
En una comunicación de prensa enviada a los medios, Núñez atribuye a la Procuraduría, que encabeza Francisco Domínguez Brito, ser “muy diligente para mover la acción pública en momentos que tienen una connotación muy especial, cercanos a fechas significativas en el ajedrez político”.
El también exvocero de la Presidencia afirma que la opinión pública “está consciente” de la actuación de la Procuraduría porque “utilizó por más de dos años un expediente de alegada corrupción contra un exfuncionario, a los fines políticos del jefe del Ministerio Público”.
La reacción de Núñez se produce luego que la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), removiera una investigación que desde hace tres años reposa en esa dependencia, a los fines de, en estos momentos, ordenar el arresto del exministro de las Fuerzas Armadas, general Rafael Peña Antonio, un excoronel de la Fuerza Aérea de la República; el coronel activo de la Fuerza Aérea, Carlos Picini Núñez, y dos civiles, involucrados en presuntos sobornos en la compra de los aviones Súper Tucano.
“Ojalá que la acción del PEPCA no responda al chantaje o una especie de justicia selectiva con la que actúa la Procuraduría General de la República, instancia que ha sido muy diligente para mover la acción pública en momentos que tienen una connotación muy especial, cercanos a fechas significativas en el ajedrez político, lo que se interpreta como un chantaje”, declaró el exdirector de Prensa de la Presidencia.
Agregó que cualquier persona que haya ejercido funciones públicas en la administración de Fernández u otro gobierno, civil o militar, está obligada a rendir cuentas y acudir a las instancias judiciales cuando así se le requiera, y que es ahí que debe probar su inocencia.
Observó que el país no puede, sin embargo, ver con buenos ojos que desde la Procuraduría General de la República se intente hacer justicia selectiva o usar expedientes como forma de chantaje.
