SANTO DOMINGO. De acu-erdo con un levantamiento de Ciudad Alternativa, realizado el pasado 3 de junio, al menos 221 viviendas en las que habitan 835 personas se encuentran en el diámetro de impacto de los trabajos del Metro de Santo Domingo, y deberían ser reubicados por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret).
El estudio alcanza a los habitantes de los barrios Gualey, Guandules y Los Mina Viejo, e indica que los vecinos bajo el puente Francisco del Rosario Sánchez (puente de la 17) deberían ser incluidos por encontrarse dentro del área de impacto de los trabajos del puente, decisión a la que la Opret se ha opuesto hasta ahora.
Alberto Ortiz, de Ciudad Alternativa, expresó que con la mudanza anunciada de unas 29 viviendas en las que se desinteresaba a 51 familias se está ignorando al 77% de los habitantes de esos barrios.
De acuerdo con el estudio, que incluye la participación de dirigentes comunitarios de la zona, desde la fecha de la caída del armazón de metal sobre tres viviendas de Gualey, el pasado 21 de mayo hasta el 3 de junio, se detectó 70 nuevas viviendas.
Ortiz acusa de la ocupación a la Opret. “Que esto suceda es parte de la conducta de la Opret, que paga de manera desorganizada a las personas, y no vigila que esos terrenos no vuelvan a ser ocupados. Si de verdad se realizara una desocupación de forma organizada, independientemente de que se pague con dinero para el autodesalojo, algo que Ciudad Alternativa está en contra, o se les reubique de una forma digna, la Opret debería colocar una valla para evitar las nuevas ocupaciones”, expresó.
Opret niega argumentos
El subdirector de Comunicaciones de la Opret, Leonel Carrasco, negó que haya riesgos para los residentes bajo el puente Francisco del Rosario Sánchez. “Esas familias no están en el área de riesgo, y ya dijimos que los canastos se van a fraccionar en la producción de los pilotes. Eso significa el nivel de riesgo que será prácticamente imposible de que haya un accidente que tenga que ver con los vecinos”, dijo Carrasco, a la vez de señalar que “la Opret no tiene dinero para sacar a todo el que vive debajo del puente. Según nuestros técnicos, el área de riesgo no se encuentra bajo el puente”.
Carrasco expresó que, además de los trabajos realizados, se ha tomado en consideración a dos juntas de vecinos con las que a través de estas se coordinó el acuerdo con los 29 propietarios y los 22 inquilinos.
