A propósito de que hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, un grupo de artistas, religiosos, miembros de movimientos sociales y otras ciudadanas y ciudadanos, preocupados por la discriminación en República Dominicana, convocaron una rueda de prensa en el Parque Duarte, ubicado en la Ciudad Colonial, para dar su posición sobre este tema. Sin embargo, un militar, no identificado , y un funcionario del Ayuntamiento del Distrito Nacional, intentaron impedirla alegando que los voceros necesitaban un permiso para estar allí y hablar con los periodistas.
Esta actitud motivó la reacción de Matías Bosch, uno de los voceros, quien denunció que “dos señores, uno identificado como Rondón, y otro cuyo nombre no se sabe, se han encargado de incidentar una manifestación legal, legítima, pacífica y cívica”, explicó a la prensa, mientras el oficial insistía con frases como “usted no tiene permiso caballero para eso”.
Mientras, Matias pedía a los oficiales “déjenme hablar por favor, déjenme responder al periodista”, y otra de las asistentes, Ana María Belique, le indicaba a los oficiales que para hacer una rueda de prensa no se necesita permiso.
“Noten todos los policías que dos personas, dos personas de todas las que están aquí, se han encargado de incidentar el acto, dos personas que no tienen prerrogativas, el señor militar es para la defensa, ustedes (los policías) son para el orden público, y el señor del ayuntamiento, cuya misión es ayudar en el orden del ayuntamiento, él no puede decidir a qué se tiene derecho y a qué no, no tienen rango, no son policías, dos personas por encima de la Policía están incidentando este acto”, señaló.
No obstante, se mantuvieron firmes en su decisión de comunicar el mensaje a los periodistas presentes, por lo que él comenzó a explicar que estaban allí en un acto cívico a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial para hacer un llamado al Estado, al Gobierno y al empresariado de la República Dominicana a reconocer y enfrentar el racismo que sufren personas de piel negra en el país, especialmente las que viven en comunidades empobrecidas.
Denunciaron que a muchos dominicanos y dominicanas de piel negra se les ha negado, por décadas, el derecho a una imagen que exprese abiertamente sus raíces africanas, con la prohibición, por ejemplo, del uso del pelo crespo en espacios de trabajo y en la vida social.
Indicaron que en los casos más graves, ha habido discriminación en procesos de selección de personal contra personas negras. Muchos jóvenes son acosados por la policía o discriminados en actividades, por el solo hecho de que su color de piel indica una supuesta peligrosidad. Esta discriminación es particularmente perversa en la medida en la que en ella participan personas que también son afrodescendientes.
“Lo que queremos en que en este país ninguna otra mujer sea cancelada de su trabajo por llevar su pelo natural. Lo que queremos es que a ningún muchacho lo paren en la calle solo por el hecho de tener piel oscura. Lo que queremos es que este país no sea un país donde sólo los blancos puedan ser presidentes. Lo que queremos es que en este país a la gente no se le prive de sus derechos por el idioma que habla o por su nacionalidad. Queremos un país con leyes, pero con leyes y con derechos, donde la dignidad humana se respete y se preserve y eso es lo que estamos pidiendo”, expresó Matias.
VIDEO: Intentan impedir rueda de prensa, pero Matías Bosch da emotivo discurso denunciando el racismo en RD
Presentan ocho demandas. Finalmente, los participantes en el evento cívico llamaron al Estado a tomar las siguientes medidas para enfrentar el racismo:
1. Ofrecer garantías plenas para que en República Dominicana se puedan ejercer los derechos y libertades civiles y políticas, sin temor a la violencia policial ni de grupos fanáticos organizados. Así mismo, que no quede nunca más impune un crimen de odio cometido en nuestro país.
2. Que el Poder Ejecutivo someta al Congreso Nacional, sin demora y en la actual legislatura, el proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual debe prohibir toda forma de discriminación de género, sexual, nacional, cultural, por creencias, por discapacidad y de índole racista; y establecer sanciones ejemplares contra toda forma de incitación y crímenes de odio.
3. Firma y ratificación urgente por parte del Estado Dominicano de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, así como de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia, ambas creadas en 2013.
4. Establecimiento en el currículum educativo de acciones formativas para la superación de toda forma de Discriminación y Racismo. Asimismo, políticas culturales de genuina inclusión, igualdad de todas las formas culturales y tradiciones del país. Reconocimiento por parte del Estado del genocidio contra nuestros pueblos originarios y contra la esclavitud africana.
5. Políticas de institucionalización y organización migratoria, así como de organización y desarrollo en las fronteras que, en base a los Derechos Humanos y a las obligaciones del Estado, impidan la creación de conflictos migratorios, comerciales y diplomáticos con otras naciones, especialmente con la República de Haití. Asimismo, cese de toda forma de violación de las leyes y normas migratorias, especialmente en materia de deportación arbitraria e ilegal de todo extranjero sin importar su nacionalidad.
6. Establecer un pacto social con participación de los medios de comunicación y los partidos políticos, mediado por actores ampliamente legitimados, para la no difusión de discursos de odio y de discriminación de ningún tipo.
7. Resolución de la Junta Central Electoral que sancione a todo partido y/o candidatura política que promueva discursos de odio, discriminación y racismo.
8. Revocación de las Sentencias TC/168/13 y TC/0256/14 del Tribunal Constitucional de República Dominicana, porque son sentencias racistas violatorias de la Constitución y del Estado de Derecho, del Derecho Internacional y de los pactos internacionales que obligan al Estado Dominicano.
