SANTO DOMINGO.-El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), Ramón Ventura Camejo, sostuvo que sería una desgracia para el país si el Congreso Nacional no retoma en breve plazo la discusión del proyecto de Ley General de Salarios, porque entonces la nación estaría condenada a la discrecionalidad, a la opacidad y a la irracionalidad en los sueldos de los empleados gubernamentales.
El funcionario entiende que el país debe adoptar el salario como una herramienta para un manejo efectivo del personal, como se hace en las naciones que han logrado el desarrollo integral de la administración pública.
“Todos los sectores debemos reclamar que se pronuncie cuanto antes la Cámara de Diputados, sobre la Ley General de Salarios que fue observada por el Poder Ejecutivo”, sostuvo el funcionario santiagués.
Ventura Camejo participó como invitado al Desayuno-Encuentro Semanal del periódico El Nuevo Diario, donde fue entrevistado por el director, Persio Maldonado, la directora ejecutiva, Cosette Bonnelly, y por el Jefe de Redacción, Luís Brito.
Admitió el titular del MAP que “las distorsiones y ruidos” que se produjeron en torno a la Ley General de Salarios, fue lo que provocó que el entonces presidente de la República, doctor Leonel Fernández, la observara dos días antes de salir del gobierno, en agosto del 2012.
Asimismo, Ventura Camejo dijo que a su entender, la opinión a destiempo que hizo el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, sobre la Ley de Salarios, pudo haber contribuido a que el Poder Ejecutivo “se enfriara” en su intención de promulgar la legislación, a pocos días de concluir el período gubernamental (2008- 2012).
El funcionario expresó que el salario está orientado a la productividad del Estado, de tal forma que incluso, el Proyecto de Ley General de Salarios establece incentivos de acuerdo a la producción del empleado.
Destacó que aunque el Proyecto de Ley General de Salarios fue sometido a consultas y analizado en diversos seminarios con expertos internacionales de Estados Unidos, Brasil, España y de Chile, finalmente la ley no fue promulgada por los ruidos que se produjeron, y debido al poco tiempo que quedaba para concluir el pasado gobierno presidido por Fernández y Rafael Alburquerque.
Destacó que la Ley General de Salarios es tan completa que incluye el sueldo del Presidente de la República, el que considera debe ser el más alto, y establece jerarquías salariales de todos los demás funcionarios del tren gubernamental.
“El actual salario del Presidente de la República no es el más atractivo, ni el que más estimula; si de acuerdo al salario del Presidente se rigieran los demás sueldos, podría ocasionar que los técnicos no estuvieran en el sector público, dado que sus salarios no se correspondería con su preparación”, explicó el funcionario.
El ministro del MAP aseguró que la propuesta Ley General de Salarios manda a que también el sector financiero sea reglamentado.
“Considero que esa ley resolvería un problema de orden institucional, racional; es lo que demanda un Estado moderno, y es una demanda también de todos los sectores cuyos intereses están por encima de los intereses particulares”, sostuvo.
Proyectos del MAP
Asimismo, el ministro de Administración Pública dijo que entre los avances logrados en la institución se encuentran la profesionalización de los servidores públicos y la cultura de la transparencia que ha comenzado a establecerse en la función pública.
Asimismo, informó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) actualmente realiza un estudio en la República Dominicana con técnicos especializados para determinar las áreas que debe mejorar la Administración Pública, a fin de establecer, por ejemplo, la tendencia moderna de gestión de personal en el gobierno.
En ese sentido, dijo que el país mantiene estrechas relaciones con Corea, país número uno en el uso de tecnología en la administración pública, y que asesora a la República Dominicana, a fin de que reduzca tiempo y recursos en las ejecutorias de la administración pública.
Manifestó que, de igual forma, el MAP dispone del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la Administración Pública (SISMAP), el cual fortalece la transparencia dado que facilita al ciudadano informaciones sobre los avances de las organizaciones públicas, en la implementación de la Ley 41- 08 de función pública.
60 mil empleados de Carrera
El licenciado Ventura Camejo informó que la administración pública ha avanzado en lo que respecta al sistema de carrera administrativa, ya que en la actualidad hay 60,000 empleados integrados al sistema, de un universo de 160,000 empleados con vocación de carrera administrativa.
“Hay 60,000 empleados de carrera, y aclaro que no todos los puestos son de carrera; por ejemplo, están los empleados libre de remoción, que llegan por promoción política; y hay técnicos y profesionales, es decir, que entran en un nivel y van ascendiendo por su mérito, y luego están los de servicio general, que no son de vocación de carrera”, explicó.
El funcionario recordó que cuando se aprobó la Ley 41-08 fueron evaluados empleados en base a su capacidad y competencia, luego de lo cual entraron a la Carrera Administrativa.
También en un plazo de 8 años se llamó a concurso “y si se crea una vacante se llama a un concurso público de oposición, y de ahí en adelante se ha llegado a tener 60,000 empleados de carrera”.
Informó que los próximo días 16 y 17 de mayo se realizará un evento para revisar la Ley 41-08 de la administración pública, de forma que se puedan establecer los avances que han obtenido con esa legislación, así como sus debilidades, y para lo cual vendrán expertos internacionales.
Adelantó que él tiene la propuesta de que para entrar a la carrera de administración pública se haga solamente por concurso de oposición, anunciándolo en un periódico de circulación nacional.
“De esa forma se eliminará la entrada a la administración pública por evaluación y eso hará el proceso más transparente, le dará más legitimidad”, consideró.
Al tocar el tema de las cancelaciones de empleados que están en Carrera Administración Pública, el ministro del MAP explicó que los funcionarios que recurran a este tipo de acciones, la ley establece que son pasibles de sanciones.
Danilo Medina no permitirá cancelaciones injustas
“El propio presidente Danilo Medina me dijo que no tolerará acciones de cancelaciones injustas en la administración pública”, dijo.
Asimismo, Ventura Camejo aseguró que hay sanciones para quien viola la ley en ese sentido.
“Y ahí están los tribunales contenciosos y jurisdiccionales, porque la Ley contempla la responsabilidad civil del funcionario que la viole, donde el ciudadano podrá demandarlo afectando sus propios bienes, por lo que ese ciudadano deberá ser resarcido con el dinero del incúmbete”, explicó.
En su visita a El Nuevo Diario, Ventura Camejo se hizo acompañar de su asistente Sandra Mecías, y Mabel Joa, directora de Comunicación del MAP. (LCP).
