La venta de terrenos en el sector Los Tres Brazos, de Santo Domingo Este, fue una operación irregular y “cuestionable en su esencia misma”, según determinó la comisión investigadora constituida por el Poder Ejecutivo para establecer lo acontecido en la operación, cuyos resultados fueron entregados ayer al presidente Danilo Medina.
El documento con el informe fue dado a conocer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, en una rueda de prensa en el salón Orlando Martínez, del Palacio Nacional, en la que también participaron el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado. José Dantes, y Lidio Cadet, director de Ética e Integridad Gubernamental.
Se recuerda que el pasado 28 de diciembre el mandatario emitió el decreto 392-16, mediante el cual ordenó la suspensión inmediata de toda operación de venta o reventa en Los Tres Brazos, así como los procesos de desalojos contra los actuales ocupantes de los terrenos.
La comisión concluyó que la operación de venta de ese espacio territorial se llevó a cabo en violación de la Constitución, la ley de Reforma de la empresa pública y la ley de Función Pública.
La pieza indica que el procedimiento interno de toma de decisiones en CORDE, para la aprobación de la venta, fue “precario e irregular”.
“El esquema comercial fue altamente perjudicial para el Estado dominicano; el interés público fue lesionado por el interés privado”, asegura.
Concluyó que la propiedad fue tramitada a un costo muy por debajo,“INEFA y TITULATEC establecieron un negocio con proyecciones de ganancia exorbitantes”, agregó.
De la misma, precisa en su conclusión que los trabajos de deslinde y subdivisión realizados por los agrimensores de CORDE, tienen errores y graves discrepancias entre la ocupación real y derechos posteriormente registrados, que deben ser corregidos. También señala que el Estado no debe reconocer las ventas y debe demandar la nulidad de los mismos.
Asimismo, considera en sus conclusiones que el Estado debe garantizar los derechos a adquirientes de buena fe y a las entidades que han financiado una parte de las compras.
“El Estado debe garantizar al resto de los ocupantes que aún no han comprado, que complementará acciones para convertirles de simples ocupantes en propietarios de sus terrenos, a título gratuito y onerosos, según la condición socio-económica de cada quien”, indica.
