Los cinco venezolanos implicados en el decomiso de un alijo de cocaína en una nave en el aeropuerto de esta ciudad y contra quienes un juez dictó tres meses de prisión preventiva, afirmaron haber sido víctimas de la violación de sus derechos porque el tribunal les impuso a los abogados de la Defensoría Pública.
“Violaron todos nuestros derechos para ponernos medida de coerción”, declaró uno de los imputados a su salida de la sala donde el Juzgado de Instrucción dictó la audiencia a puerta cerrada, sin el acceso de la prensa.
El juez Ismael Nehemías Ramírez acogió en parte la solicitud del Ministerio Público contra Luis Justiniano Núñez, de 55 años; Jorge Henríquez, de 44; Gerardo Díaz, de 38; Gregory Frías, de 23; Jean Carlos Díaz, de 35.
La fiscal: Ellos no tenían abogados privados
De su lado, la procuradora fiscal Reina Yaniris Rodríguez negó que a los extranjeros se les hayan violado sus derechos toda vez que estos tuvieron la oportunidad de contratar abogados privados, pero que contra esos letrados el tribunal había decretado abandono.
“Cuando hay abandono, los mismos (abogados) no pueden asumir la representación de estos imputados”, sostuvo Rodríguez al ser abordada por los periodistas. “Ellos no tenían abogados”, agregó.
La fiscalía había solicitado un año de prisión preventiva contra los venezolanos que el 24 de marzo pasado, en plena Semana Santa, fueron detenidos por 359 kilos de cocaína en una aeronave que llegó procedente de Venezuela.
En esta audiencia el magistrado Ramírez revisó el fallo que dispuso el 26 de marzo la libertad pura y simple de los acusados, decisión que la hoy suspendida jueza Aristilda Mercedes basó en el hecho de que el acta de registro no tenía el número de autorización que ella había dado al fiscal actuante por teléfono.
De igual modo, la Defensoría Pública coincidió con la fiscal Reina Yaniris Rodríguez en el sentido de que el sistema de justicia no violó los derechos de los inculpados, ya que el juez había dado los plazos y las oportunidades que estable la ley.
“Los abogados (privados) sí les estaban violando sus derechos”, afirmó Héctor Mejía, quien junto a otros cuatro de sus compañeros asumió la defensa.
Aunque se había decretado abandono y por eso están fuera del caso, uno de los abogados, Dionicio Báez, aseguró todo apunta a que el dictamen que ordenó la prisión preventiva será apelado por la barra de la defensa.
“Ellos no quieren defensores públicos”, dejó en claro Báez, quien citó el artículo 111 del Código Procesal Penal que -según dijo- establece que los acusados tienen derecho a escoger su abogado.
Hasta la fecha la revisión de la medida dispuesta por magistrada Mercedes no había podido concretarse porque se sometieron recusaciones de jueces, un recurso de Hábeas Corpus y por último una petición de declinatoria del caso ante la Suprema Corte de Justicia, la cual ordenó que la audiencia se mantenga en La Romana y no fuera de la región Este como solicitaron los abogados.
Se recuerda que cuatro de los extranjeros fueron detenidos en la carretera junto al chofer Jean Carlos Díaz, también venezolano, quien pasó a buscarlos en la terminal aérea de La Romana. Uno de los imputados fue aprehendido en el área de rampa.
