Miles de personas, unas 60.000 según la televisión pública TVR, se manifestaron hoy en las principales ciudades de Rumanía para protestar contra un proyecto de ley que prevé despenalizar ciertos delitos de corrupción.
Pese a las temperaturas bajo cero, unos 33.000 ciudadanos inundaron por segundo domingo consecutivo el centro de Bucarest, en una marcha que fue desde la Plaza Universitatii -donde se celebraron las protestas que marcaron la caída del régimen comunista en 1989- hasta la Plaza Victoriei, donde está la sede del Ejecutivo.
Al mismo tiempo, alrededor de 10.000 personas protestaron en Cluj-Napoca, la segunda ciudad del país, y varias miles en Timisoara, Brasov, Sibiu e Iasi.
El Gobierno socialdemócrata ha anunciado su intención de aprobar por decreto una ley que despenaliza delitos por abuso de poder y corrupción si el perjuicio causado al Estado es menor de 44.000 euros (47.048 dólares).
El Ejecutivo también prevé amnistiar a 2.700 condenados por delitos menores, incluidos algunos por corrupción, y reducir a la mitad la pena a los presos con más de 60 años, independientemente de su crimen.
“No queremos la dimisión del Gobierno, queremos que respeten las promesas por las que fueron elegidos, no que propongan leyes aberrantes que ayudan sólo a unos pocos”, expresa el manifiesto de la plataforma civil que convocó la protesta a través de la red social Facebook.
Durante la marcha se enarbolaron numerosas pancartas en las que se leía “Respeto al Estado de Derecho”, “El país pide: sin perdón”, o “En democracia, los ladrones están entre rejas”.
El primer ministro, Sorin Grindeanu, aseguró hoy, por su parte, que las protestas tienen una motivación política y que se ha “distorsionando” el objetivo del Ejecutivo con esta reforma.
“Creo que el pueblo rumano está demostrando con estas manifestaciones que no quiere ninguna amnistía”, señaló a Efe Cosmin Neagu, un pensionista que participó en la marcha.
Los manifestantes denunciaron lo que consideran manipulación informativa por parte de varias emisoras de televisión cuya línea editorial apoya la reforma y pidieron la dimisión del ministro de Justicia, Florin Ioardache, quien insiste en adoptar los decretos.
El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, que se opone a los decretos, inició el pasado martes los trámites para convocar un referendo sobre esa reforma legal.
