Por OLAYA DOTEL.
En el gobierno de Danilo Medina se está expresando una serie de contradicciones en el ámbito de la seguridad pública, a tal grado que da idea de que está padeciendo de cierto grado de bipolaridad.
Los cuerpos de seguridad que han estado presentes en las últimas protestas realizadas en Santo Domingo, como fue el caso del D9, se comportaron de manera discreta, manteniéndose a distancia e inspirando seguridad en quienes participamos en el evento.
No obstante, contrario a lo anterior, los organismos de seguridad del Estado han estado acosando a personas que participan en las protestas en contra de la reforma tributaria y exigiendo que se establezcan responsabilidades del enorme e histórico déficit fiscal que nos legara el gobierno de Leonel Fernández.
Tales son los casos de Alex Mundaray y Maribel Hernández, a quienes se les violó su domicilio, mientras jóvenes del movimiento La Multitud fueron visitados en sus residencias de manera intimidatoria por representantes de la seguridad pública.
Al cierre de la semana pasada nos encontramos con la denuncia de Sara Pérez, quien no necesita presentación por su historia como periodista, de que está siendo vigilada por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, así como por peledeistas.
Como si fuera poco, la periodista María Elena Salazar, de San Francisco de Macorís, denuncia que le han sacado del aire el programa que trasmitía por la televisora Teleoperadora del Nordeste (TELENOR), por participar de manera activa en las protestas. En adición al cierre del programa, también señala la comunicadora que está recibiendo amenazas de muerte. Todo extremadamente preocupante.
Si a lo anterior se le agrega mi caso, tendríamos que convenir en que se está ante un patrón y, por tanto, una política de intimidación y violatoria de los derechos a la libre expresión, a la participación política entre otros.
Entonces surge la pregunta de quién es la política. ¿Del presidente Danilo Medina? ¿De Leonel Fernández? ¿Del comité político del PLD? No se sabe, pero lo que sí está claro es que el presidente es Danilo Medina, por lo tanto es su gobierno el que exhibe dos políticas diferentes en lo que se refiere al comportamiento de los cuerpos de seguridad, lo que da la idea de que estamos ante un gobierno bipolar.
