Cuando los congresistas dominicanos discutían el contrato de préstamo por US$93,697,887.60 para la compra de los aviones Super Tucano a la empresa brasileña Embraer, quienes le hacían oposición advertían, además de las denuncias de soborno que hoy se investigan en los tribunales, sobre lo costoso de esas aeronaves y la pertinencia de invertir tanto dinero en ellas.
De hecho, la suma que pagó el Estado dominicano por los ocho aviones, equivale a más del 60% de presupuesto histórico que desde el 2008 y hasta la fecha ha recibido la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Los defensores del contrato, entre los que se inscribe el entonces asesor del Poder Ejecutivo en materia de Narcotráfico Marino (Vincho) Vinicio Castillo, aseguraban que la compra era muestra del interés de combatir el narcotráfico.
El entonces ministro de las Fuerzas Armadas, general Pedro Peña Antonio, afirmaba en 2009, mientras recibía en la Base Aérea de San Isidro los dos primeros aviones que llegaron al país, que: “Esta es la respuesta que damos a todos los países en el ámbito internacional que nos catalogan de tránsito, de que existe en República Dominicana una auténtica voluntad de lucha contra el narcotráfico”.
Peña Antonio es uno de los imputados, junto al coronel de la Fuerza Aérea Carlos Piccini Núñez, por el supuesto pago de US$3.4 millones que habrían hecho los ejecutivos de Embraer como soborno a congresistas para aprobar el préstamo, concertado con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BNDES).
En los nueve años que han pasado desde entonces, el órgano estatal que tiene la misión de combatir el narcotráfico, recibió partidas presupuestarias por un monto global de RD$5,399 millones, mientras que los US$93.6 millones que se pagó por los Super Tucano equivalen a unos RD$3,232 millones, si se calcula a la tasa de dólar de ese año, que fue de RD$34.5. Al hacer el cambio de dólar a la tasa actual, de RD$45.9, el monto sube a RD$4,300 millones, equivalente a siete veces el presupuesto promedio asignado a la DNCD.
Justo cuando se discutía el contrato en el Congreso, el entonces senador Francisco Domínguez Brito (hoy ministro de Medio Ambiente y pasado procurador general) señalaba que con sólo una hora de vuelo se iba a gastar más combustible que lo que se gastaba en un mes entero en el Cibao en la lucha contra las drogas.
En 2014, la Fuerza Aérea informó que al costo de vuelo por hora era de US$600.00. También destacaba que, en cinco años, (desde el 2009) no hubo trazas aéreas de drogas, lo que atribuía a la existencia de los Tucano.
La información la ofreció entonces el comandante general de la Fuerza Aérea, Elvis Marcelino Féliz, en una entrevista concedida a un medio local. Resaltaba, además, que antes de la compra de los aviones, los narcotraficantes hacían bombardeos de droga casi a diario, sobre todo en la zona Este.
No obstante, las quejas por la efectividad de las aeronaves se mantienen. El excoronel de la Policía Nacional, Juan Tomás Taveras, está convencido de que el dinero pagado por los aviones fue un gasto y no una inversión.
“Fue un error. Nunca, nunca se ha visto cuáles fueron los beneficios que generó esa compra, cuál la reducción en el trasiego de drogas en cielo y mar”.
Argumenta que los aviones sólo serían efectivos si se cuenta con un buen sistema de radares que permita a las autoridades identificar a tiempo un tráfico ilícito.
“¿Qué sentido tienen los aviones si los radares no funcionan? Se invirtió todo ese dinero para atacar un vuelo extraño, cuando no había como detectar ese vuelo extraño”, critica.
Justo en 2009, el Gobierno llamó a licitación pública para adquirir radares como parte del proyecto Sistema de Radares Aéreos de las Fuerzas Armadas que rodaban los US$50 millones. Se llegaron a comprar en Israel, pero no se instalaron en su totalidad.
