SANTO DOMINGO.-El Tribunal Superior Administrativo fijó para el 14 de mayo la continuidad de la audiencia sobre un recurso de pedimento solicitado por “Guardianes de la ley”, a los fines de que las partes presenten el listado de fiscales de carrera y contrato.
Con la citada acción, abogados que integran “guardianes de la ley”, buscan impedir, según ellos, que los llamados concursos del MP para nuevas asignaciones de fiscales, se realicen acogiéndose estrictamente a la ley 133-11, “sin manipulación”.
En la audiencia celebrada este lunes a las 10:00 de la mañana, el Ministerio Público estuvo representado por procurador adjunto Pedro Amador, para conocer el TSA, el amparo que busca que un juez ordene el cumplimiento de la citada ley.
“Ese derecho violado debe ser restituido”, reiteró Francis Ortiz, coordinador del movimiento de fiscales Guardianes de la Ley, en rueda de prensa previo al inicio de la audiencia.
Además, acusa a la Procuraduría General de la República de no “manejar con transparencia el llamado a concurso a fiscales que no son de carrera”.
Al calificar a la PGR como “un comité de base de los partidos políticos”, Ortiz, dijo que la designación de los fiscales no se realiza de forma transparente como lo establece la ley 133-11.
Considera que el Ministerio Público está “muy politizado y eso está afectando a los ciudadanos y abogados capacitados para obtener nuevas posiciones”, y el Consejo Superior del Ministerio Público manipula las designaciones”.
“Los fiscales están siendo designados por amiguismo, contrario a lo que dice la ley que crea el MP que para poder designar un fiscal debe ser mediante concurso, y según Ortiz, “desde el año 2009 no se realiza”.
Al ofrecer detalles a periodistas, previo inicio de la audiencia el coordinador de Guardianes de la Seguridad, aclaró que en 2012-2013 se convocó a los fiscales a concurso y fue suspendida dicha convocatoria.
“En la actual convocatoria, nos llamaron y dijeron que los fiscales de contrato estaban siendo entrenados en la Fiscalía del Distrito el pasado jueves sobre el examen que se iba a dar, y este no es aleatorio, sino que debe ser elaborado, eso significa que no hay transparencia y nos extraña que en la Procuraduría esas cosas se den”.
El representante de Guardianes de la Ley externó su preocupación, en torno a partidas presupuestarias de la procuraduría contrarios a lo estipulado en su presupuesto como los 400 millones destinado al programa de atención al ciudadano, mientras ese mismo programa se ejecuta en el Ministerio de Interior y Policía con 45 millones, es decir que hay una duplicidad”, denunció.
Con el recurso de pedimento Guardianes de la Ley espera que se cumpla la ley, ya que hace más de seis años no se llama a concurso, destacando que en el 2012 y 2013 hubo una convocatoria, pero por razones de tipo político fueron suspendidos.
POR LILLIAM MATEO
