Acompañado de los senadores republicanos Tom Cotton y David Perdue, con los que la Casa Blanca negoció la iniciativa “RAISE Act” en secreto, Trump afirmó que ésta “reducirá la pobreza, incrementará los salarios, y le ahorrará a los contribuyentes miles de millones de dólares” al reformar la emisión de tarjetas de residencia permanente.
Durante la contienda presidencial, Trump recurrió a un discurso altamente populista y nacionalistaen el que se presentó como paladín de los trabajadores, y llegó a la Casa Blanca con promesas de combatir la inmigración ilegal en la frontera y deportar a los inmigrantes indocumentados ya en el país.
Aunque también prometió eliminar el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, que ha dado protección a cerca de 800,000 “Dreamers”, Trump no lo ha hecho y el proyecto de ley tampoco lo menciona.
La medida tampoco menciona la legalización de los once millones de inmigrantes indocumentados ya establecidos en EEUU.
Competencia por la tarjeta verde
La iniciativa “pone fin a la migración en cadena y reemplaza nuestro sistema de (trabajadores) de bajas destrezas con un sistema de puntos en base a méritos para recibir la tarjeta verde”, explicó Trump.
Así, el proceso será competitivo y favorecerá a solicitantes que hablen inglés, tengan independencia financiera para ellos y sus familias, y demuestren destrezas que contribuyan a la economía estadounidense, además de que impide que los nuevos inmigrantes reciban asistencia pública del “Welfare”, y evita que los trabajadores estadounidenses sean “desplazados” en el mercado laboral.
La legislación omite, sin embargo, el hecho de que diversos sectores de la economía se apoyan en gran medida en inmigrantes con bajas destrezas laborales, que también contribuyen al crecimiento económico mediante el pago de impuestos y la productividad laboral, según el Foro Nacional de Inmigración.
En un comunicado conjunto, Cotton y Perdue, republicanos de Arkansas y Georgia, respectivamente, insistieron en que su proyecto de ley responderá a las necesidades de la economía y perservará la calidad de empleos disponibles para los estadounidenses.
“Construiremos un sistema de inmigración que aumente los salarios de los trabajadores, cree empleos, y de a cada estadounidense una oportunidad justa para crear riqueza, ya sea que su familia llegó en el Mayflower, o acaba de juramentarse como ciudadano”, dijo Cotton.
En concreto, el proyecto de ley:
- Reduce por la mitad la inmigración legal en EEUU en una década.- Reduciría la inmigración legal al país, de alrededor de un millón en la actualidad a 637,960 en el primer año de vigencia de la ley, o un descenso del 41%, y a 539,958 en una década, o el equivalente de un descenso del 50%.
- Establece un sistema de puntos con base a destrezas laborales. Establece un sistema parecido al que tienen Canadá y Australia, que daría mayor prioridad a inmigrantes con altos niveles de educación, altas destrezas laborales, que dominen el inglés, tengan un historial de “logros extraordinarios”, y sean emprendedores. EEUU otorgaría hasta 140,000 visas por vínculos laborales, pero los inmigrantes tendrían que acumular 30 puntos para recibir una.
- Elimina ciertas categorías de visas. Aunque dejaría en pie las preferencias para cónyuges e hijos menores de ciudadanos y residentes permanentes, la medida elimina otras categorías de visas para familiares adultos y familiares no cercanos. EEUU permitiría ingreso de inmigrantes en categorías eliminadas si sus visas fueron expedidas en un plazo de un año desde la promulgación de la ley.
- Elimina la lotería de visas. Los autores de la medida creen que la lotería de visas está “plagada” de fraude y no promueve la diversidad, como fue su objetivo original. Así, el proyecto de ley eliminaría las 50,000 visas anuales que EEUU concede dentro de esta lotería.
- Impone un límite a visas para refugiados. La iniciativa limitaría a 50,000 las visas concedidas cada año fiscal a refugiados, reflejando el promedio de visas concedidas en un periodo de 13 años.
Críticas a la medida unilateral
En medio de las perennes pugnas partidistas sobre cómo resolver el problema de la inmigración ilegal, el proyecto de ley republicano con seguirá afrontará una lucha cuesta arriba en el Congreso: por un lado, muchos republicanos se oponen a flexibilizar el sistema migratorio y, por otro, la mayoría de los demócratas considera que EEUU necesita una reforma migratoria integral que además legalice a la población indocumentada.
El presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Tom Pérez, señaló que el proyecto de ley limita la reunificación familiar y “castiga a familias inmigrantes que hacen valiosas contribuciones a nuestra economía”.
Lo que hace falta, agregó, es una “reforma migratoria integral que aborde los verdaderos problemas de nuestro sistema de inmigración… este proyecto de ley no sólo es una afronta para nuestros valores, también es una amenaza para nuestra economía”.
¿Limpieza étnica?
Para Sulma Arias, portavoz del Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (FIRM), la iniciativa divulgada hoy con gran pompa en la Casa Blanca es señal de que los “blancos nacionalistas están empujando su agenda de limpieza étnica, convirtiendo a los inmigrantes en chivos expiatorios por su propia incapacidad para crear un mercado laboral que funcione para todos”.
Se trata, dijo, de un “ataque directo a todos los inmigrantes, a nuestro sistema legal de inmigración, y a uno de los principios básicos que impulsan la inmigración, la reunificación familiar”.
Arias se hizo eco de los argumentos de otros activistas y grupos pro-inmigrantes, como CHIRLA, al indicar que los inmigrantes no “roban” empleos sino que son los adinerados ejecutivos quienes debilitan el mercado laboral y trasladan empleos a sus operaciones en el exterior, inclyendo a Trump y su familia.
Vanita Gupta, presidenta de “The Leadership Conference on Civil and Human Rights”, señaló que la reunificación familiar es parte fundamental del país, y grupos como el suyo continuarán luchando para “mantener abiertas las puertas de EEUU y la verdadera promesa de nuestro país”.
Alex Nowrasteh, analista del conservador Instituto Cato considera que la inmigración en realidad tiene poco impacto en los salarios de los estadounidenses y el proyecto de ley simplemente no funcionaría.
