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ASHINGTON.- La Administración Trump quiere modificar la llamada “Ley Wilberforce”y eliminar el “Acuerdo Flores” de 1997, dos medidas que ofrecen protecciones a niños migrantes indocumentados, y cuya eliminación violaría el derecho internacional y abriría una batalla en los tribunales, advirtieron este lunes expertos.
El plan de “principios y prioridades” que envió la Casa Blanca al Congreso la noche del domingo contiene una larga lista de deseos de grupos conservadores que exigen “mano dura” contra la población indocumentada y que catapultaron a Donald Trump a la presidencia en 2016.
El paquete migratorio, según explicaron funcionarios de alto rango de la Administración, tiene tres propósitos: fortalecer la seguridad fronteriza, reforzar la vigilancia al interior del país, y reformar el sistema de visas legales.
Dentro del plan hay dos puntos que, de aprobarse por el Congreso, pondrían en inminente peligro a los niños no acompañados que buscan refugio en EEUU, terminan en centros de detención o bajo custodia de las autoridades federales.
Para asesores de Trump, tanto la llamada “Ley Wilberforce” de 2008, como el “Acuerdo Flores” de 1997, son “trabas” para la pronta deportación de niños indocumentados no acompañados y unidades familiares, y por eso piden eliminar esos “resquicios” legales.
Así, la Administración quiere agilizar la deportación de niños no acompañados, sin derecho a una audiencia; eliminar el “Acuerdo Flores”, que impone límites en la detención, trato y tipo de instalaciones donde se encierra a niños migrantes, y eliminar las protecciones para niños con padres en EEUU.
También quiere que se elimine el “Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes” (SIJS, en inglés) para niños que huyen del abuso y el tráfico de personas, y se restrinjan aún más los requisitos sobre “miedo creíble” para la concesión de asilo.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, la presidenta del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Michelle Luján-Grisham, dijo hoy que la bancada demócrata y algunos republicanos moderados apoyan una solución bipartidista que no tenga medidas “draconianas” que castiguen a los inmigrantes.
En cambio, medidas que debiliten o eliminen las protecciones para niños no acompañados y agilicen su deportación a situaciones de peligro mortal, “absolutamente suscitarán acciones legales”, vaticinó la congresista.
Cinco expertos consultados hoy por este diario también condenaron las propuestas.
La abogada Michelle Brané, directora de Derechos de Inmigrantes de la Comisión Femenina para Refugiados (WRC), tachó de “despreciable e inhumano” que la Administración condicione la ayuda para los “Dreamers” a más restricciones contra el resto de migrantes vulnerables.
Tanto la “Ley Wilberforce” como el “Acuerdo Flores” sirven de marco legal para que los niños migrantes tengan protecciones bajo las leyes de EEUU y el derecho internacional, sobre todo al solicitar asilo, y si la Administración las elimina, dejaría a estos niños “expuestos al tráfico de personas, el maltrato y la deportación” a sitios peligrosos, dijo Brané.
El derecho internacional prohíbe además las detenciones arbitrarias, y si la Administración toma medidas que violen las leyes de EEUU, o si el Congreso aprueba leyes que violan los derechos civiles y constitucionales, “es muy probable que surjan demandas, solo dependería de cómo se adoptan”, advirtió Brané.
Wendy Young, presidenta del grupo “Kids in Need of Defense” (KIND), criticó que la Administración ponga a “competir” a distintos grupos vulnerables, como los “Dreamers”, los refugiados y los solicitantes de asilo, y advirtió que, si se implementa el plan migratorio, “sin duda provocaría la expulsión de miles de niños a un gran peligro y hasta la muerte”.
Por su parte, el abogado de Inmigración, David Leopold, afirmó que la Administración debería sentir “vergüenza” por querer imponer una “agenda nacionalista blanca” que se ensaña contra los inmigrantes.
La “Ley Wilberforce” tuvo apoyo bipartidista en el Congreso y fue promulgada por el presidente republicano, George W. Bush, y es alarmante que “fanáticos anti-inmigrantes” en la Casa Blanca quieran eliminar las normas del “Acuerdo Flores” sobre la detención y trato de niños bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), argumentó Leopold.
Wendy Cervantes, analista del grupo “CLASP”, afirmó que el negarle a los niños vulnerables sus protecciones no corregirán los problemas del sistema migratorio sino que aumentará sus riesgos y, tras la eliminación escalonada de DACA, “sólo demuestra lo poco que le importa a la Administración encontrar una solución real para los jóvenes inmigrantes y sus familias”.
En la actualidad la “Ley Wilberforce” permite que niños no acompañados centroamericanos detenidos en la frontera pasen a la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) mientras aguardan la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración.
Los niños eventualmente son entregados a sus padres y demás familiares, muchos de ellos indocumentados, por lo que, según la Administración, eso es un “resquicio” que alienta la continua emigración ilegal hacia EEUU.
Por ello, la Administración pide que el Congreso modifique la “Ley Wilberforce”, de manera que los niños no acompañados, sin importar su origen, no reciban trato preferencial y, a menos que sean víctimas de tráfico humano, sean deportados.
Además, quiere que el Congreso deje en claro que los niños que emigran con sus padres o guardianes legales, o tienen a sus padres en EEUU, “no tienen derecho” a las protecciones del resto de niños no acompañados.
“Modificar estas leyes harían poco o nada para mantener la seguridad de nuestra nación. Además, los cambios más bien podrían agilizar el retorno de mujeres y niños de vuelta a la violencia de la que huyeron… deberíamos invertir recursos en el desarrollo y seguridad de los países del Triángulo del Norte, de los que huyen mujeres y niños para salvar sus vidas”, dijo Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración (NIF).
