WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió hoy con una de sus promesas de campaña al crear una oficina destinada a dar “voz” a las víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes, una medida que satisface a la base electoral más conservadora del mandatario.
El anuncio oficial de la apertura de la llamada “Oficina de Enlace para Víctimas de Crímenes por Inmigración” corrió a cargo del secretario de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly.
Para hacer el anuncio, Kelly se rodeó de un grupo de víctimas que perdieron a sus familiares a manos de inmigrantes y que, ahora, con la nueva oficina, podrán obtener actualizaciones automáticas sobre las novedades del proceso judicial y, además, accederán a asesoramiento a través de un número de teléfono.
“Todos los crímenes son terribles, pero estas víctimas son únicas y con demasiada frecuencia ignoradas”, destacó Kelly.
“Son víctimas de crímenes que nunca debieron haberse cometido porque las personas que los cometieron a menudo no deberían haber estado dentro del país en primer lugar. Estos crímenes, en muchos aspectos, eran evitables”, consideró el titular de Seguridad Nacional en una rueda de prensa en Washington.
Kelly dijo que la oficina hará que las víctimas “nunca más sean olvidadas” y les dará “voz” para denunciar los crímenes que han sufrido.
Precisamente, el nombre de la oficia en inglés (”Victims of Immigration Crime Engagement Office”) responde al acrónimo de “VOICE”, palabra en inglés que en español significa voz y que, en este caso, muestra el objetivo del nuevo órgano.
En concreto, la oficina pone a disposición de las víctimas un número de teléfono gratuito al que pueden llamar para asesorarse y también ofrece la asistencia de 27 agentes que trabajan en las comunidades locales, según informó a los reporteros un alto funcionario del DHS, que pidió el anonimato.
La oficina permitirá también a las familias recibir de manera automática actualizaciones sobre el proceso judicial contra los indocumentados acusados de un crimen.
Desde hace diez años, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han tomado de manera manual datos de entre 450 y 500 personas afectadas por crímenes de inmigrantes y les han ido avisando de las novedades del proceso judicial en las cortes de inmigración del país, informó el alto funcionario del DHS.
De esa forma, la novedad que introduce la oficina es que las notificaciones serán automáticas y no se harán de manera manual.
Al finalizar la rueda de prensa, Kelly no aceptó preguntas de la prensa y estrechó la mano a algunas de las víctimas, como Laura Wilkerson, que perdió a su hijo, Joshua, el 16 de noviembre de 2010 a manos de un inmigrante procedente de Belice que llegó a EE.UU. de manera irregular cuando tenía 10 años.
“Joshua tenía 18 años, estaba en su último curso del instituto. Un día un compañero le pidió que le llevara a casa con el vehículo y él accedió. Golpeó a Joshua en la cabeza, le estranguló y le torturó hasta que acabó con su vida para luego atarlo y prender fuego a su cuerpo”, narró a Efe Wilkerson, residente en Houston (Texas).
La mujer reconoce que la muerte de Joshua, su hijo menor, cambió a su familia y les hizo involucrarse en un movimiento de víctimas que obtuvo el reconocimiento del presidente, Donald Trump, durante la campaña electoral, cuando prometió crear esta oficina en los cien primeros días de su mandato.
“El presidente ha hecho exactamente lo que dijo que iba a hacer, que no íbamos a ser olvidados. Nadie antes en el Gobierno admitió que estos crímenes eran cometidos por alguien que no debería estar aquí, y eso fue una política fallida. Lo que está haciendo Trump es maravilloso”, consideró Wilkerson.
Trump ordenó la creación de esta oficina en una orden ejecutiva el 25 de enero, en su primera semana de mandato, y hoy su Gobierno se apresuró a cumplir con la promesa del presidente, cuando quedan solo unos días para que este sábado 29 de abril alcance sus primeros cien días en el poder.
Desde la campaña electoral, Trump ha relacionado la inmigración irregular con un aumento de la criminalidad procedente del narcotráfico con el fin de justificar la necesidad de una política migratoria más dura, pese a que las estadísticas oficiales no sostienen sus afirmaciones.
