El Gobierno del presidente Donald Trump amenazó hoy con recortar fondos a las llamadas “ciudades santuario”, aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a los indocumentados y a los inmigrantes que han cometido algún crimen.
El Ejecutivo ya había formulado esta amenaza anteriormente, pero hoy el fiscal general, Jeff Sessions, dio un ultimátum a las alrededor de 200 entidades locales que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen grandes urbes dirigidas por la oposición demócrata, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
“Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a hacer cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. No deportar a los inmigrantes que han sido condenados por crímenes pone a todas nuestras comunidades en riesgo”, afirmó Sessions, que apareció por sorpresa en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca.
“El presidente ya dijo correctamente que esta desobediencia a la ley debe terminar”, añadió.
De esa forma, Sessions anunció que el Departamento de Justicia dejará de otorgar subvenciones a las ciudades y condados que permitan la puesta en libertad de los inmigrantes que han cometido un crimen y que se nieguen a informar a las autoridades migratorias sobre el estatus migratorio de sus detenidos
“El Departamento de Justicia tomará todos los pasos necesarios para recuperar cualquier fondo que se haya dado a una jurisdicción que deliberadamente incumpla la ley”, dijo.
Las subvenciones del Departamento de Justicia incluyen fondos para el entrenamiento de la policía local y partidas económicas para la adquisición de nuevo equipo, como las cámaras corporales que incorporaron a sus uniformes agentes de ciudades como Baltimore (Maryland) tras episodios de tensión racial.
En el año fiscal actual (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017), el presupuesto del Departamento de Justicia destinado a subvenciones asciende a 4.100 millones de dólares, según dijo Sessions.
“Asaltos, robos, delitos de drogas, crímenes de pandillas, violaciones, crímenes contra niños y asesinatos. Innumerables estadounidenses seguirían vivos hoy en día si las políticas de estas ‘ciudades santuario’ hubieran sido suprimidas”, consideró hoy Sessions en su intervención.
Puso de ejemplo el caso de Kate Steinle, una mujer de 32 años que murió en 2015 por el disparo de un inmigrante indocumentado, mientras caminaba por un muelle de San Francisco con su padre.
El sospechoso, Juan Francisco López Sánchez, había sido deportado varias veces y tenía varias condenas por delitos graves en su expediente cuando acabó con la vida de la joven, un caso que alcanzó gran popularidad y que Trump citó en varias ocasiones durante la campaña presidencial de 2016.
