El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cerró la posibilidad de que el Parlamento de mayoría opositora recorte el mandato del presidente Nicolás Maduro, como se lo había planteado a través de una enmienda constitucional, según una sentencia publicada este lunes.
La Sala Constitucional del TSJ determinó que cualquier enmienda a la Carta Magna “no puede tener efectos retroactivos en el tiempo o ser de aplicación inmediata”, pues ello “constituiría un quebrantamiento incuestionable al ejercicio de la soberanía (…) ya que se estaría desconociendo la voluntad del pueblo”, señala un boletín de la corte.
El máximo tribunal dictó la sentencia después de que la bancada opositora en la Asamblea Nacional aprobara en primer debate una enmienda que plantea reducir de seis a cuatro años el período de Maduro, que el pasado 19 de abril cumplió la mitad del mandato en medio de una aguda crisis económica.
El fallo advierte que “tratar de utilizar la figura de la enmienda constitucional con el fin de acortar de manera inmediata el ejercicio de un cargo de elección popular, como el del Presidente de la República, constituye un fraude a la Constitución”.
En su primera reacción a la sentencia, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, negó en su cuenta de Twitter que la enmienda contradiga la Carta Magna y criticó que el TSJ se pronunciara antes de que se aprobara el texto definitivo en segunda discusión.
“Fraude constitucional son ustedes. Ya verán”, advirtió, refiriéndose a los magistrados de la Sala Constitucional, a quienes llamó “malhechores”.
La enmienda -un instrumento que debe ser refrendado por voto popular- planteaba además eliminar la reelección indefinida y consagrarla de forma inmediata por una sola vez.
La decisión profundiza el choque de poderes que sacude a Venezuela desde el pasado 5 de enero, cuando la coalición de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumió el control del Parlamento con una amplia mayoría, tras 17 años de hegemonía chavista.
Leyes prioritarias para el bloque opositor como una amnistía para disidentes presos o una reforma al Banco Central han sido declaradas inconstitucionales por la máxima corte del país.
De igual forma, el TSJ dejó en firme un decreto de emergencia económica emitido por Maduro en enero pasado, que el bloque opositor rechazó convalidar, y recortó las facultades de control legislativo sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.
Por ello, la MUD acusa al TSJ de ser el “bufete jurídico” del gobierno.
A principios de abril, el mandatario socialista (2013-2019) aseguró que evaluará una propuesta de acortar el período del actual Parlamento si insiste en aprobar la enmienda, que considera como un “golpe” contra su gobierno.
– Revocatorio truncado –
En la lucha por propiciar la salida de Maduro, la oposición también aprobó un proyecto de ley que acorta los plazos para un referendo revocatorio.
La norma, que debe ser sancionada por el gobernante para convertirse en ley, fija un plazo de tres meses y medio para gestionar y realizar referendos, incluido el revocatorio de cargos de elección popular.
Sin embargo, el Poder Electoral se ha negado a activar el mecanismo alegando que los peticionarios de la consulta no han cumplido con los requisitos.
Por ello, la oposición llamó a sus simpatizantes a protestar este miércoles frente a las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La MUD exige que el Poder Electoral entregue unas planillas para recaudar 200.000 firmas necesarias para activar el mecanismo.
Anticipándose a una nueva negativa del organismo electoral, Ramos sostuvo en la red social Twitter que el “CNE dice q no aceptará chantajes ni presiones”. Sin embargo, cuestionó: “Chantajes y presiones del CNE y d combo malandro (delincuente) pro gobierno es lo q ha padecido Venezuela”.
Para convocar el revocatorio se requieren además unos cuatro millones de rúbricas, y para revocar a Maduro cerca de 7,5 millones de votos.
